Diputados impulsan prohibición total de vapeadores por riesgos a la salud
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados está elaborando un dictamen que plantea prohibir por completo la comercialización, producción, importación y uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en territorio nacional.
La iniciativa surge ante el crecimiento acelerado de estos dispositivos y las evidencias científicas que advierten sobre los daños que pueden causar, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
Expansión ilegal y riesgos para menores
El proyecto, que deriva de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue distribuido entre los miembros de la Comisión y se prevé que se vote el próximo martes.
Según el documento, la legislación vigente no ha logrado detener la venta irregular de vapeadores, cuyo contrabando continúa aumentando pese a las restricciones actuales.
El análisis también señala que estos productos se han promovido mediante estrategias diseñadas para atraer a jóvenes y adolescentes, convirtiéndolos en un grupo especialmente vulnerable.
La comisión advierte que la industria ha difundido mensajes que presentan a los vapeadores como dispositivos “seguros” o “de menor riesgo”, lo que contribuye a la desinformación sobre sus efectos reales.
Sustancias tóxicas y daños asociados
El dictamen destaca que los aerosoles generados por estos aparatos contienen una variedad de compuestos químicos, incluidos metales pesados detectados en ciertos modelos. Estas sustancias pueden desencadenar inflamación crónica, daño pulmonar y alteraciones vinculadas al estrés oxidativo.
Sanciones y propuestas adicionales
El proyecto coincide con la postura del Ejecutivo respecto al desafío regulatorio que representan los vapeadores, cuya presencia en el mercado ha crecido rápidamente.
Para hacer frente a esta situación, la iniciativa contempla sanciones que van desde uno hasta ocho años de prisión, junto con multas que podrían ir de 11 mil a 226 mil pesos para quienes violen la prohibición.
El documento también incluye reformas más amplias relacionadas con la salud pública. Propone otorgar nuevas facultades a la Secretaría de Salud para realizar compras consolidadas de medicamentos y equipo médico especializado, con la finalidad de mejorar su adquisición.
Asimismo, plantea fortalecer la prohibición del tráfico de precursores químicos empleados en la producción de fentanilo, como parte de una estrategia integral contra sustancias de alto riesgo.
La discusión y eventual aprobación de este dictamen representaría un cambio significativo en la política sanitaria del país —sería la medida más estricta adoptada hasta la fecha contra los dispositivos electrónicos que contienen nicotina y artículos similares—.
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