Violencia vicaria: precedente histórico en Coahuila abre debate

Un caso judicial inédito impulsa reflexión nacional sobre protección infantil, igualdad ante la ley y consecuencias penales dentro de conflictos familiares complejos.

La violencia vicaria volvió al centro del debate público tras confirmarse el primer caso judicializado en Coahuila y el segundo a nivel nacional, un hecho que marca un precedente histórico en la aplicación de la ley y abre una discusión  profunda sobre la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los conflictos familiares. 

Especialistas y legisladores coinciden en que existe una amplia desinformación sobre esta forma de violencia, así como mitos que han limitado su comprensión y sanción efectiva.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una modalidad de violencia familiar en la que el agresor utiliza a los hijos o a personas cercanas como un medio para causar daño psicológico y emocional a la otra persona, generalmente la expareja. No se trata únicamente de impedir convivencias, sino de una estrategia deliberada para generar sufrimiento a través del vínculo afectivo más sensible: los hijos. Este tipo de violencia puede manifestarse de distintas formas, como ocultar a los menores, amenazar con quitarlos, manipularlos emocionalmente para ponerlos en contra del otro progenitor o, en casos extremos, ejercer violencia física contra ellos con el único objetivo de causar dolor a la madre o al padre. Expertos advierten que sus consecuencias pueden ser profundas y duraderas, afectando el desarrollo emocional de los menores.

La ley no distingue género

Uno de los aspectos más relevantes del caso registrado en Coahuila es que rompe con la idea de que la violencia vicaria solo puede ser ejercida por hombres. La diputada María Guadalupe Oyervides Valdés explicó que, aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define esta conducta como ejercida por hombres contra mujeres, el Código Penal del Estado de Coahuila tipifica la violencia vicaria sin distinción de género.“La legislación estatal contempla esta figura para cualquier persona. Aquí lo fundamental es la protección de las y los menores”, señaló la legisladora, al precisar que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia que respaldan esta interpretación. En Coahuila, el delito se persigue con base en el daño causado, no en el sexo de quien lo comete.

Interponía persona y manipulación

El abogado Miguel Tinejero Martínez, originario de Sabinas, explicó que la violencia vicaria se relaciona directamente con la figura jurídica de la interpósita persona, que ocurre cuando alguien utiliza a un tercero para ejecutar una agresión. En este contexto, los hijos son manipulados para dañar emocionalmente al otro progenitor o incluso para agredir a terceros dentro del entorno familiar.“Esto puede ocurrir tanto por parte del padre como de la madre. La Constitución es clara: hombres y mujeres somos iguales ante la ley”, afirmó. Añadió que este tipo de conductas son frecuentes durante procesos de divorcio o separación, donde los menores quedan atrapados en conflictos que no les corresponden.

Falta de atención especializada

Especialistas coinciden en que uno de los principales retos para combatir la violencia vicaria es la falta de recursos institucionales. En regiones como la zona minera, solo existe una psicóloga para atender todos los casos relacionados con violencia familiar, lo que limita la correcta evaluación y seguimiento de los menores involucrados. Tinejero Martínez subrayó que el trabajo del psicólogo es clave para acreditar la existencia de violencia, mediante entrevistas y pruebas especializadas que permitan detectar manipulación o daño emocional. Sin embargo, la saturación del sistema impide una atención adecuada, especialmente para familias que no cuentan con recursos para contratar peritajes privados. El reciente caso en Coahuila envía un mensaje contundente: la violencia vicaria es un delito grave, tiene consecuencias penales y puede ser cometida por cualquier persona. Más allá de una confrontación entre géneros, el objetivo central es garantizar justicia, igualdad ante la ley y, sobre todo, la protección integral de niñas y niños.

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