Sucesos... La sangría silenciosa
José Mariano Orozco TenorioSin hacer ruido ni mucho menos escándalo, cada año se desgasta el presupuesto público afectando seriamente las obras de infraestructura y los insumos necesarios para la operación cotidiana. Las autoridades mexicanas tienen que separar poco más de la mitad de los recursos económicos solo para pagar los intereses de la deuda pública. Las autoridades se ven limitadas seriamente para poder llevar a cabo sus programas de trabajo; de hecho, tienen que diseñar estratégicamente sus programas conforme a los escasos recursos. Desde 1990, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se conformó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), como un instrumento para enfrentar las contingencias económicas ante la amenaza de la pérdida de los ahorros del público y para garantizar la solvencia de los bancos, que acababan de ser privatizados. El uso del término de FOBAPROA se ha extendido y se empezó a aplicar al “error de diciembre” (1994), en plena crisis de la enorme devaluación de la moneda mexicana. La economía mexicana se vio envuelta en una de sus peores crisis y desequilibró seriamente las finanzas públicas del país. La gente y los bancos entraron en una etapa de insolvencia y ya no podían pagar los préstamos que tenían ni sus obligaciones operativas. El Presidente Ernesto Zedillo acudió a las instituciones financieras internacionales para negociar fuertes préstamos de emergencia; así, en enero de 1995 Estados Unidos puso a la disposición 50 000.00 millones de dólares; el Fondo Monetario Internacional 17 800.00 millones de dólares, el Banco Internacional de Pagos (BPI) 10 000.00 y otros bancos “menores” de América Latina con $ 2000.00 Naturalmente México tuvo que entregar garantías; se comprometió, entre otras condiciones, a pagar con las ganancias de las ventas del petróleo, así como aceptó implementar de inmediato fuertes recortes al gasto público interno, a incrementar la recaudación de impuestos y a operar con un estricto control de sus políticas públicas para vigilar y mantener la estabilidad del peso mexicano. México utilizó 13 500 millones de Estados Unidos. En Enero de 1997 nuestro país anunció que había terminado de pagar la totalidad del préstamo a Estados Unidos, incluyendo más de 580 millones de dólares de intereses. También cumplió pagarle a los demás organismos internacionales antes del vencimiento.
Es común que la mayoría de la gente siga hablando de la deuda del FOBAPROA cuando en realidad dicho suceso ya se superó. Es muy cierto que –una vez más- el país está endeudado pero por otros motivos. A lo largo de los años, el país ha terminado deficitariamente en sus finanzas y se ha visto en la continua necesidad de solicitar préstamos y emitir bonos internacionales para recaudar fondos frescos. Instituciones como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad terminan cada año con un déficit presupuestal serio. Ahora, con las obras denominadas “faraónicas” de la administración federal anterior como Mexicana de Aviación, la Refinería de Dos Bocas; el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles y los programas sociales del bienestar requieren fuertes recursos económicos para seguir operando, con lo cual se agrava la deuda pública.
Se estima que anualmente el Gobierno destina entre el 50% y 60% de su presupuesto solo a pagar los interesas de la deuda que se ha ido acumulando al través de los años. Siguiendo al ritmo actual, quizás por el año 2070 se iría terminando de pagar la deuda pública. Los bancos otorgaron innumerables créditos desmedidos, solicitaron préstamos en dólares y ante una súbita gran devaluación de la moneda muchos inversionistas transfirieron sus capitales al extranjero provocando una crisis seria en el sistema financiero mexicano. Miles de familias perdieron sus casas y patrimonios, así como las empresas se vieron en punto de quiebra y tuvieron que cerrar sus puertas. Las carteras vencidas de los bancos aumentaron considerablemente. El FOBAPROA compró la cartera vencida y ofreció programas de capitalización para los bancos. Una vez que éstos habían pasado por la crisis y se encontraban un poco más estables, la mayoría de los bancos de México se vendieron a inversionistas extranjeros, por ejemplo el Banco Nacional de México (BANAMEX) se vendió a Citigroup; Bancomer al grupo español BBVA; Serfín a Santander; Banco Unión y Banca Cremi asumieron la pérdida de 5200 millones de dólares y fueron cerrados tras descubrirse que parte del dinero era para financiar campañas electorales y otra era simplemente para lavado. Banca Confía fue vendido a CitiBank; Bancrecer y Banco del Atlántico fueron absorbidos por el Gobierno.
El costo de opciones como acudir a programas como el FOBAPROA es muy alto, disponer de pocos recursos para obra pública, limitaciones para atender los programas de salud tanto con hospitales bien equipados como con el personal capacitado y medicamentos para la población, escuelas con la infraestructura básica necesaria para cumplir su mandato; profesores actualizados, deterioro en las vialidades urbanas con las obvias molestias para los automovilistas, no haber presupuesto necesario para el mantenimiento y ampliación de la red de carreteras, insuficiencia de la red de agua potable, altos índices de inseguridad, apagones constantes y poco alcance de la distribución de la energía, altos costos de los servicios públicos, poco y deficiente transporte público, son algunas de las consecuencias para la población ante crisis como la de 1995. De hecho, gracias a una recuperación inesperada de los precios del petróleo y de las exportaciones de productos del campo, México pudo atravesar la crisis de la deuda pública, pero una vez más, la mala administración, la corrupción la falta de controles internos, el gobierno federal y los estatales se fueron endeudando de manera muy irresponsable y ahora se estima que cada uno de los habitantes, sin saberlo y mucho menos sin que se les haya consultado, estamos pagando un promedio de $9000.00 anuales, incluyendo niños y bebés recién nacidos, aunque no hayan participado de las crisis. Sin hacer aspavientos, cada año hay menos recursos disponibles para las necesidades de una población que aumenta y requiere mayores condiciones.
La atención se centra en la federación y eso ha traído como consecuencia que los estados se estén comprometiendo sin control. Si bien es cierto que los Estados de la República son independientes, de todas maneras forman parte de la federación y claro está, cuando no pueden pagar la deuda acuden a pedirle a la federación que los rescate; basta solo el ejemplo de las pensiones y aguinaldos que ya se hicieron costumbre en diciembre acudir desesperados a pedir dinero.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 10 deudas más altas de los Estados son:
- Ciudad de México: $ 98 000 a $100 000 millones de pesos
- Nuevo León: $ 98 000 a $ 99 000
- Estado de México: $ 64 000 a $67 000
- Chihuahua: $50 000 a 51 000
- Veracruz: $ 46 000 a $47 000
- Coahuila: $ 36 000 a $39 000
- Jalisco: $ 35 000 a $37 000
- Sonora: $ 28 000 a $30 000
- Baja California: $ 25 000 a 26 000.00
- Quintana Roo: $ 22 000 a $24 000.00
La misma SHCP estima que los habitantes de estos estados deben pagar cada uno $ 10 000.00 anuales para contribuir al saldo de la deuda pública, además de los $9000.00 para la federación.
Para tener una idea más clara de lo que estamos tratando hay que tener en cuenta que en el 2018 nuestra deuda pública representaba el 46% del Producto Interno Bruto (PIB) (que equivalía alrededor de 10.5 billones de pesos), y al finalizar el 2025 México ya debía el 52.6% del PIB, algo así como 18.5 billones de pesos. Cada año el Gobierno va abonando solo el pago de los interesas de la deuda, pero no el capital. Cada peso que se utiliza para pagar es una sangría al presupuesto que pudiera utilizarse para obras públicas, que tanta falta hace al país. La deuda representa una merma dolorosa producto de malas decisiones y malos manejos. Tememos que esa sangría a los recursos seguirá aumentando para poder cubrir los préstamos que se pidieron para las grandes obras de la administración.
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