¿Será el fin del imperio verde?

Los 43 vuelos al extranjero que Mara Lezama ya reconoció que ha hecho en aviones privados, aunque niega que hayan sido solventados con recursos públicos, pero sin decirnos con claridad quién los pagó, no deben ser la única preocupación en la cabeza de la gobernadora de Quintana Roo.

Resulta que se han encontrado y documentado operaciones presuntamente fraudulentas, mediante gestiones notariales aparentemente ilegales y la posible falsificación de documentos para la apropiación de terrenos nacionales y predios rústicos con historial ejidal o regularización incompleta, adquiridos a bajísimo precio para su fraccionamiento en desarrollos turísticos inmobiliarios de altísima plusvalía.

Un mismo modus operandi se ha utilizado desde que Lezama era la presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún (2018-2022) hasta ahora como mandataria de Quintana Roo.

El más reciente de ellos es el de “El Jabalinco”, un predio de 2 mil 164 hectáreas ubicado en la zona continental del municipio de Isla Mujeres con una superficie muy notoria de 335 hectáreas de lagunas costeras y humedales, la mayoría cuerpos de agua permanentes interconectados con el mar y abundante cobertura de manglar, que conforman un ecosistema que desde 2003 está sujeto a protección y restricciones técnicas por la NOM-022-SEMARNAT-2003 para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

Cabe precisar que la zona continental de Isla Mujeres es vista como se vio Cancún en sus orígenes: tierra barata, urbanización acelerada y alta plusvalía futura, de ahí que a esta zona de expansión se le conozca como “el nuevo Cancún”, aunque otros lo identifican también como el proyecto “Costa Mujeres” al incluir la paradisiaca playa norte de la isla.

En esta trama aparecen los nombres del notario público número 20 de Quintana Roo, Benjamín Salvador de la Peña Mora, y del inversionista inmobiliario Rafael Gerardo Obregón Álvarez.

Peña Mora se ocupó de las gestiones notariales no obstante ser copropietario del predio cuando la Ley del Notariado de Quintana Roo prohíbe a los fedatarios (como él) intervenir en actos en los que tengan interés directo o indirecto.

El documento base es un título de propiedad fechado 15 de junio de 2012, expedido por la extinta Secretaría de la Reforma Agraria a favor del empresario Rafael Gerardo Obregón Álvarez y que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la entidad (RPPC) el 7 de agosto de 2015. Dos meses después (15 de octubre de 2015) se agregó un convenio de reconocimiento de copropiedad en el que ya aparece como copropietario el notario encargado del asunto Benjamín Salvador de la Peña Mora.

En la búsqueda de información en el RPPC se encontró otro registro en el que había un escrito del 13 de julio de 2015 firmado por Arely Celeste Fonseca Sánchez, directora de Regularización de la Propiedad Rural de la SEDATU, que autoriza el registro de “El Jabalinco”. Pero al ser analizado por peritos independientes de revisión de documentos, se encontró que, si bien estaba en el papel membretado correspondiente, no tenía número de oficio con identificaciones para control y archivo ni asunto que indicara propósito y tipo de oficio, como es usual. Eso los llevó a concluir que hay claros indicios de que se trata de un documento apócrifo presumiblemente falsificado.

Ante las inconsistencias del título de propiedad que quedó registrado con el número 1016252, se hicieron solicitudes de información a la SEDATU y al Registro Nacional Agrario (vía la Plataforma Nacional de Transparencia) sobre los registros existentes o en trámite relativos a terrenos nacionales del predio El Jabalinco. La respuesta, en ambos casos, fue que no hay tales.

El 31 de agosto de 2021, el notario De la Peña Mora solicitó al RPPC el traslado de dominio del predio a favor del empresario Rafael Gerardo Obregón Álvarez que se concretó mediante una aportación en especie como aumento de capital social a la sociedad Reserva Mujeres S.A. de C.V.

Las inconsistencias referidas conducen a la presunción de que se trata de maniobras con documentos apócrifos para apropiarse fraudulentamente de terrenos propiedad de la Nación. Además, las respuestas de SEDATU y de Registro Agrario Nacional a las solicitudes de información correspondientes, acreditan que el título de propiedad atribuido al gobierno federal presentado por el inversionista Obregón Álvarez, es falso y no tiene un valor legal.

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