Senado aprueba en lo general el Plan B de reforma electoral

El Senado da luz verde al Plan B de reforma electoral impulsado por Sheinbaum; los cambios incluyen revocación de mandato y reducción de gasto público.
En una sesión marcada por la confrontación política, el Senado de la República aprobó en lo general el denominado Plan B de la reforma electoral con 87 votos a favor y 41 en contra, avalando modificaciones constitucionales que buscan reducir el gasto en órganos electorales y legislativos, así como ajustar la figura de la revocación de mandato.
Aprueban cambios estructurales en materia electoral
El Pleno del Senado dio su respaldo al dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de marzo. La votación refleja la mayoría calificada de la coalición oficialista, mientras que la oposición se unificó en el rechazo. La discusión se centró en modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, que abarcan desde la integración de ayuntamientos hasta la redefinición de los mecanismos de participación ciudadana.
El proyecto forma parte de la segunda etapa de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, luego de que la primera fase (Plan A) no lograra los consensos necesarios en el Congreso de la Unión.
¿Qué incluye el Plan B de la reforma electoral?
El dictamen aprobado contempla cuatro ejes fundamentales:
Fortalecimiento de la revocación de mandato, aunque con la polémica inclusión de una posible suspensión de este ejercicio para 2027.
Reducción de privilegios en organismos electorales federales y estatales.
Disminución del gasto en congresos locales y en el propio Senado.
Limitación del número de regidurías en los ayuntamientos para optimizar recursos públicos.
Debate sobre austeridad y participación ciudadana
Durante la defensa del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que la reforma tiene una “gran relevancia constitucional y democrática”. Según el legislador, el proyecto busca eliminar lo que calificó como prácticas que distorsionaron el servicio público.
“El poder ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad”, sostuvo Cantón Zetina, quien también defendió la revocación de mandato como un “instrumento real para que el pueblo ejerza su soberanía”.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, destacó que la democracia debe ser “permanente, viva y participativa”, argumentando que la reforma redefine la forma en que se concibe el ejercicio del poder público.
Puntos de controversia: ayuntamientos y revocación de mandato
Uno de los aspectos técnicos que generó mayor debate fue la modificación en la integración de los gobiernos municipales. Inzunza Cázarez explicó que los cambios buscan evitar distorsiones en la representación política y orientar mejor los recursos hacia las comunidades.
Sin embargo, el punto que encendió las alertas de la oposición fue el relacionado con la revocación de mandato prevista para 2027. Mientras los promotores del Plan B aseguran que se trata de fortalecer la figura, sectores críticos advierten que los cambios podrían implicar su eliminación fáctica en ese año, lo que calificaron como un retroceso en materia de participación ciudadana.
Oposición intenta frenar la discusión sin éxito
Durante la sesión, la oposición intentó detener el avance del dictamen mediante una moción suspensiva. El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, solicitó devolver el documento a comisiones para un análisis más detallado, argumentando falta de tiempo para el estudio de las modificaciones.
La propuesta fue rechazada por el Pleno con 77 votos en contra y 39 a favor, allanando el camino para la discusión en lo general y, posteriormente, el análisis en lo particular.
¿Qué sigue para la reforma electoral?
Con la aprobación en lo general, el Senado continuará con la discusión de las reservas presentadas por los grupos parlamentarios. Se espera que en los próximos días se analicen en lo particular los artículos más controversiales, especialmente aquellos relacionados con la revocación de mandato y la reestructuración de los órganos autónomos.
La reforma deberá ser turnada a los congresos estatales para su validación, dado que se trata de modificaciones constitucionales. Hasta el cierre de esta edición, ninguna bancaria ha anunciado un cambio en su postura de cara a la votación final.
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