PRONNIF prioriza más de 5 mil casos de riesgo detectados por Seguridad Pública en 2025
Durante 2025, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) concentró sus acciones en los casos de mayor impacto, aquellos que requirieron intervención inmediata, seguimiento especializado y apertura formal de expedientes. La atención se enfocó en situaciones detectadas por corporaciones de seguridad y canales ciudadanos, donde el riesgo ameritó medidas institucionales.
La titular de PRONNIF, la licenciada Lilia Martínez, informó que a lo largo del año se atendieron 9,121 reportes, de los cuales una parte relevante derivó en acciones concretas de protección, evaluación y acompañamiento a menores y sus familias, conforme a los protocolos vigentes.
Casos prioritarios y respuesta institucional
Los reportes canalizados por Seguridad Pública, que sumaron 5,571, concentraron los casos de mayor relevancia, al involucrar situaciones que demandaron valoración inmediata por posibles riesgos. A estos se añadieron 2,376 denuncias recibidas vía teléfono y WhatsApp, así como 780 atenciones presenciales, donde las personas acudieron directamente a solicitar apoyo.
Tras el análisis inicial, algunos avisos fueron descartados, identificándose 121 reportes falsos. Sin embargo, la mayoría de los casos procedentes activó acciones de campo, entrevistas, visitas domiciliarias y evaluaciones interdisciplinarias para determinar la ruta de atención adecuada.
Acciones realizadas y seguimiento de casos
Entre las acciones más recurrentes se encuentran las asesorías jurídicas, orientadas a informar a madres, padres o tutores sobre sus obligaciones y derechos; las visitas de seguimiento, que permitieron verificar condiciones de cuidado; así como la atención psicológica y la terapia ocupacional, utilizadas como herramientas de apoyo en casos que lo ameritaron.
Derivado de estas intervenciones, la dependencia logró la integración de 580 expedientes, principalmente vinculados con temas de buenos cuidados, entre otros supuestos. Esta cifra representa un incremento superior al 383% respecto al periodo 2022-2024, lo que refleja un mayor número de casos que requirieron formalización para su seguimiento institucional.
La procuraduría precisó que la apertura de expedientes no implica de manera automática sanciones, sino la documentación y control de los casos para garantizar la continuidad de las acciones. Los datos forman parte del balance annual que permite dimensionar los retos operativos y la respuesta de la autoridad ante los casos que marcaron mayor relevancia durante el año.
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