ONG piden al Senado tipificar reclutamiento forzado de menores
Organizaciones civiles pidieron al Senado modificar la reforma sobre reclutamiento infantil, al considerar que el dictamen aprobado en Diputados no garantiza protección real a menores.
Críticas de organizaciones civiles
Juan Martín Pérez, coordinador ejecutivo de Tejiendo Redes Infancias América Latina y el Caribe, calificó la reforma como una “simulación legislativa”, al considerar que incrementa penas pero no aborda de fondo el problema del reclutamiento forzado.
Explicó que el dictamen añade un agravante al delito de corrupción de menores, figura legal creada en 1966, lo cual —según organizaciones civiles— no responde adecuadamente al fenómeno del reclutamiento por parte de estructuras criminales.
Riesgo de criminalizar a adolescentes
Las ONG advirtieron que al no reconocer el reclutamiento forzado como delito autónomo, existe el riesgo de que adolescentes reclutados por grupos criminales sean tratados como delincuentes en lugar de víctimas de explotación y coacción.
También señalaron que esta interpretación podría reforzar una narrativa que responsabiliza a la infancia reclutada, en lugar de reconocerla como víctima de violencia armada y vulneración de derechos.
Magnitud del problema
De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles, entre 145 mil y más de 250 mil niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
En ese contexto, alertaron sobre un entorno de impunidad estructural que podría volver ineficaz cualquier reforma penal que no incluya cambios de fondo en la legislación.
Llamado al Senado
Las organizaciones pidieron al Senado convocar a parlamento abierto con especialistas, instituciones y participación de niñas, niños y adolescentes de zonas afectadas por la violencia.
Recordaron además que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado a México tipificar el reclutamiento forzado infantil como delito autónomo, en concordancia con estándares internacionales de protección a la niñez.
Finalmente, señalaron que el Senado aún tiene la oportunidad de construir una legislación integral que reconozca plenamente a las víctimas y garantice su protección y restitución de derechos.
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