Municipio tiene 5 días para pagar 2.2 millones a SIMAS Piedras Negras
El conflicto entre el Ayuntamiento de Piedras Negras y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) derivó en una resolución judicial que ordena restablecer el suministro de agua potable en la Presidencia Municipal, condicionado al pago de un adeudo que supera los 2.2 millones de pesos.
Resolución obliga a reconectar servicio
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad, concedió la suspensión definitiva solicitada por el Municipio dentro del juicio de amparo promovido contra actos atribuidos a la gerencia del SIMAS y otras autoridades. Como parte de los efectos de esta medida cautelar, se instruyó la reconexión inmediata del servicio de agua, aunque únicamente en el inmueble que ocupa la Presidencia Municipal.
La resolución establece que la suspensión entra en vigor desde el momento de su notificación y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el juicio principal. No obstante, la continuidad de este beneficio legal está sujeta al cumplimiento de una condición específica.
El órgano jurisdiccional determinó que el Ayuntamiento deberá acreditar el pago del adeudo vigente en un plazo de cinco días hábiles. De no cumplir con este requisito dentro del tiempo establecido, la suspensión perderá sus efectos. El monto señalado asciende a 2 millones 263 mil 611 pesos, de acuerdo con los informes previos presentados por las autoridades responsables.
Pago condiciona vigencia de la medida
La resolución se emitió tras la celebración de la audiencia incidental, en la que se analizaron los informes rendidos por el gerente general del SIMAS, la subgerente comercial y el coordinador de gestión de cuentas. Durante esta etapa procesal, se admitieron y desahogaron diversas pruebas documentales aportadas por ambas partes.
Sin embargo, no se presentaron alegatos, lo que derivó en la pérdida de ese derecho para ambas partes dentro de esta fase del procedimiento.
El proceso legal continuará su curso hasta que el juzgado emita una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, en la que se determinará la legalidad de los actos impugnados y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, las medidas cautelares seguirán vigentes bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.
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