La probable próxima reforma será la fiscal

La ministra de la Suprema Corte Lenia Batres Guadarrama, quien se autonombra la “ministra del pueblo”, y quizá por ello cuenta con un pesado cuerpo de asesores integrado nada menos que por 96 personas (increíble exceso, si se compara con la media docena de que disponía la anterior presidente de la Corte, Norma Piña), propuso en días pasados –Batres— que se graven con Impuesto sobre la Renta tanto las Afores como las herencias.

Cuestionada en la siguiente conferencia mañanera sobre el punto, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, se apresuró a declarar que no está de acuerdo con la propuesta de Batres. “Es opinión –dijo— de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias, que –explicó— se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, [de donde se desprende que] no es algo extraño”. Esta última parte de la explicación de porqué se rechaza, más que un argumento en contra de la propuesta de la “ministra del pueblo”, sonó más bien como un argumento a favor de la misma.

Idéntica interpretación o alcance se puede dar también, válidamente, a la explicación adicional dada por Sheinbaum Pardo sobre el punto: “POR LO PRONTO –dijo— no lo tenemos planteado, (y) si llegara a plantearse ya se explicaría, pero POR EL MOMENTO no lo tenemos planteado”.

A veces suele suceder, como en este caso, que cuando alguien trata de ser convincente sobre un asunto y ofrece para ello datos adicionales, el lenguaje lo traiciona. Como en esta ocasión, lo que la Presidente quiso decir de manera rotunda, categórica, para intentar ser creíble, fue que el gobierno que encabeza no tiene contemplado establecer un impuesto a las herencias, cuando en realidad sí lo tiene o al menos lo ha considerado. Por eso, se le salió decir que no “por lo pronto”, no “por el momento”. ¿Entonces?

Sobre el tema de una reforma fiscal “a fondo”, conforme al perfil del actual gobierno y del inmediato interior, es decir, reforma que a nadie sorprendería sea de corte francamente confiscatorio por parte del actual grupo en el poder, se identifica claramente el siguiente par de pistas:La primera, como seguramente recordará el lector memorioso, en 2018, antes de tomar posesión de la presidencia de la República, a pregunta expresa López Obrador contestó que no tenía entre sus proyectos inmediatos presentar alguna iniciativa de reforma fiscal, sino hasta la segunda mitad de su sexenio.

¿Por qué hasta entonces? Aunque AMLO no lo aclaró, la razón era obvia: esperaba durante los primeros tres años de su gobierno desaparecer o al menos anular varias de las figuras e instituciones establecidas por el orden constitucional para frenar o servir de contrapeso al desbordamiento del Ejecutivo, porque bien sabía López Obrador que una reforma fiscal confiscatoria le podía generar grandes turbulencias. En fin, como durante la primera parte de su gobierno tal propósito de desmantelamiento institucional lo logró sólo parcialmente, prefirió mejor no arriesgarse.

Segunda pista: En lo que AMLO tenía mayores esperanzas era en obtener un arrollador triunfo en las elecciones intermedias para diputados federales, las de 2021, que no sólo le diera una cómoda mayoría absoluta en la integración de la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados sino incluso la mayoría calificada, que en la primera parte de su gobierno no tuvo, lo que le permitiría manipular a su antojo el texto de la Constitución y hacer frente con esa aplastante mayoría a cualquier inestabilidad que pudiera generarle una reforma fiscal agresiva.

Ocurrió, sin embargo, que tal mayoría legislativa calificada no llegó con las elecciones intermedias de 2021. Seguramente este resultado debió enfurecer en grado extremo a López Obrador. Por eso, cuando ya obtuvo esa mayoría calificada en 2024, prefirió ir primero por el Poder Judicial, lo que consiguió un mes y medio antes de marcharse, para después ya con más tranquilidad dar el siguiente paso.

Que es muy probablemente lo que ocurrirá. Cuando las finanzas ya de plano no den para continuar con los llamados programas sociales (que en realidad son claramente clientelares), éstos serán la coartada para justificar tal reforma, con el argumento de que no pueden suspenderse porque es la Constitución la que los ordena. ¿Más claro?

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