La lista negra de EU: Primero narcos y luego políticos

La expulsión de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, realizada esta semana por el Gabinete de Seguridad, marca un nuevo punto de inflexión en la cooperación bilateral en materia de seguridad. El traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de colaboración binacional, con el compromiso explícito —a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense— de no solicitar la pena de muerte.

Los detenidos fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Con este operativo, suman ya 92 criminales de alto impacto entregados a autoridades estadounidenses en la presente administración, una cifra que no tiene precedente en un periodo tan corto y que confirma un cambio estructural en la relación México-Estados Unidos.

El antecedente inmediato fue el primer traslado, realizado a finales de diciembre, de 55 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, también a solicitud del gobierno estadounidense y bajo los mismos mecanismos de cooperación jurídica y de seguridad nacional. Ambos operativos se realizaron con custodia militar, coordinación directa con el Departamento de Justicia y con garantías diplomáticas formales para destrabar jurídicamente las entregas. Tal como se adelantó en esta columna la semana pasada, México abrió la puerta a una cooperación más profunda en la localización, detención y entrega de objetivos prioritarios para Washington, no como gesto político aislado, sino como parte de una reconfiguración de la agenda de seguridad compartida.

En paralelo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha intensificado los operativos de alto impacto. En los últimos cuatro días fue detenido Alejandro “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con ficha roja y una recompensa de 250 mil dólares, requerido por autoridades de Carolina del Norte por homicidio en primer grado, robo con arma, secuestro y otros delitos graves. En Playa del Carmen, en una acción coordinada con Interpol, Semar, Defensa y la FGR, fue capturado Otmane Khalladi, buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien ingresó al país con identidad falsa. En Badiraguato, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, identificado como jefe de una facción ligada al grupo de los Beltrán Leyva. A estos casos se suman anuncios recientes de desarticulación de bandas criminales, aseguramientos de armamento y desmantelamiento de laboratorios de drogas, que forman parte de una estrategia de exhibición de resultados ante nuestro socio estadounidense.

La percepción en Washington acompaña esta dinámica. El embajador Ronald Johnson ha reconocido públicamente la cooperación operativa con México y ha vinculado estos resultados con la reducción del tráfico de fentanilo y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. En sus mensajes ha enfatizado que esta coordinación se da bajo el liderazgo directo de ambos presidentes, elevando el tema de seguridad a un nivel estratégico dentro de la relación bilateral. El reconocimiento diplomático es validación política del nuevo esquema de colaboración y una señal de que los flujos de información e inteligencia están funcionando con mayor profundidad que en años recientes.

Detrás de estos movimientos existe una presión sostenida de Estados Unidos para acelerar resultados. Llamadas directas entre Sheinbaum, Trump y sus secretarios, ofrecimientos reiterados de apoyo militar, advertencias públicas sobre la expansión de las redes criminales, alertas del Departamento de Transporte sobre el espacio aéreo mexicano y exigencias para priorizar la captura de objetivos buscados por agencias estadounidenses forman parte de un mismo paquete de presión hacia México.

Por el momento, lo que más importa a Estados Unidos son las organizaciones criminales y los narcotraficantes de alto perfil; sin embargo, lo que los funcionarios del gobierno de Trump han transmitido al gabinete de México es que, en una segunda fase, también quieren a sus cómplices: funcionarios, políticos y empresarios.

Estados Unidos ya tiene bajo custodia a figuras centrales del crimen organizado como Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos de sus hijos, Rafael Caro Quintero y decenas de operadores que pueden aportar información sobre esquemas de protección institucional. El valor de estos perfiles permite reconstruir redes completas, identificar complicidades y abrir líneas de investigación de mayor alcance.

En este contexto, está prevista para las próximas semanas la visita a México del director del FBI, Kash Patel, como parte del reforzamiento de los canales operativos y de intercambio de inteligencia entre ambos países. Y no se descarta que la visita de Estado de Claudia Sheinbaum a Washington se adelante y ocurra antes de la celebración del Mundial de Futbol y de la renegociación del T-MEC, prevista para mediados del año, en un intento por alinear las agendas de seguridad, comercio y migración en un solo paquete de negociación. La cooperación entró en una fase de mayor exposición y la Presidenta alinea sus fichas para jugarlas de la mejor manera posible, aunque casi siempre a la defensiva.

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