La colaboración México-EU bajo presión

La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, no por falta de cooperación, sino por el riesgo de que esa coordinación se desborde o se rompa.

Detrás del episodio en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estadounidenses tras un operativo vinculado al desmantelamiento de un laboratorio clandestino, lo que realmente está en juego es algo más profundo. La confianza entre ambos gobiernos y el margen que tiene México para mantener el control de su estrategia de seguridad frente a la presión de la Casa Blanca.

La colaboración bilateral en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido más estrecha de lo que públicamente se reconoce. Y no solo por la insistencia de Donald Trump en su cruzada contra los grupos criminales, a los que ha calificado como organizaciones terroristas, sino porque sin ese intercambio de inteligencia difícilmente se habrían concretado golpes de alto impacto.

Ahí están los casos recientes. La localización y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y la posterior ofensiva contra uno de sus posibles sucesores, conocido como El Jardinero. También el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el aseguramiento histórico de cargamentos de droga y armas. Las agencias estadounidenses han sido clave en ese flujo de información.

Hoy los grupos criminales operan con la certeza de que enfrentan al Estado mexicano y también a la capacidad de inteligencia de Estados Unidos.

El funcionario que ha logrado articular esa relación es Omar García Harfuch. Es, al mismo tiempo, el hombre de mayor confianza del gobierno mexicano en seguridad y el interlocutor más sólido frente a las agencias estadounidenses. Con él se consolidó un canal directo con la CIA, el FBI y, en menor medida, la DEA.

Paradójicamente, el caso de Chihuahua sucedió en un momento en el que esa coordinación funcionaba con niveles de eficacia inéditos. La CIA, en particular, había sido una de las agencias más activas en el intercambio de información estratégica. Su participación fue determinante en operaciones recientes de alto perfil, incluida la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esa misma agencia, junto con la Embajada de Estados Unidos en México, ha buscado en los últimos meses contener un escenario que preocupa a ambos lados de la frontera, como la posibilidad de que el gobierno de Trump decida actuar de manera unilateral en territorio mexicano.Fuentes de primer nivel aseguran que tanto las agencias de seguridad como el equipo del embajador Ronald Johnson han transmitido a Washington que una intervención directa sería contraproducente. No solo por las implicaciones legales y políticas, sino por el impacto que tendría en la relación bilateral.

El mensaje ha sido que la cooperación funciona y está dando resultados. Romper ese esquema abriría un conflicto que difícilmente podría contenerse. Sin embargo, en la Casa Blanca el cálculo es distinto. Trump mantiene la idea de que una acción contundente contra los cárteles podría tener réditos políticos internos, sobre todo en la antesala de las elecciones intermedias de noviembre.

El conflicto en Medio Oriente mantiene por ahora la atención de Trump, pero dentro del equipo del presidente estadounidense existe la expectativa de que, una vez concluida esa etapa, el foco regrese al continente. Primero a Cuba y después a México.

El caso de Chihuahua, lejos de ser un incidente aislado, se inserta en ese contexto. La presencia de agentes estadounidenses, la reacción del gobierno federal, la renuncia del fiscal estatal, el jaloneo con la gobernadora Maru Campos y la presión en el Senado son piezas de un mismo rompecabezas.

A esto se suma la ofensiva que ya inició Estados Unidos contra políticos mexicanos bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado. La cancelación de visas y las investigaciones en curso forman parte de una estrategia que podría escalar a procesos penales en tribunales estadounidenses.

El margen de maniobra para el gobierno de Sheinbaum es cada vez más estrecho.

Posdata 1

Este martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Trafalgar, de Porfirio Sánchez Talavera, para operar como Casa de Bolsa, con lo que el grupo suma una nueva licencia a su estructura, luego de haber comenzado operaciones como Sociedad Financiera Popular en noviembre pasado. La autorización forma parte de la consolidación de su plataforma financiera integral en el mercado mexicano.

La firma se posiciona como un actor que ha transitado por distintos ciclos del sector, desde el desarrollo fintech hasta la intermediación bursátil, con un modelo que combina capital propio y una estructura enfocada en ampliar su presencia en servicios financieros. Bajo este esquema, la organización plantea un modelo multiproducto dirigido a pequeñas y medianas empresas, segmento que concentra una parte mayoritaria de la actividad económica en el país.

El enfoque operativo se apoya en lo que el grupo define como un modelo “Turbo Fintech”, que integra capacidades de una SOFIPO con servicios comparables a los de una institución bancaria, respaldado por tecnología y un equipo con experiencia regulatoria. A diferencia de otras fintech, la apuesta es ofrecer una solución integral en lugar de servicios fragmentados.

Como parte de su estrategia, Trafalgar también prevé iniciar una ronda de capital institucional y analiza una posible salida a bolsa con doble listado en México y Estados Unidos, además de explorar su incursión en el sector asegurador.

Posdata 2

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, presentó una iniciativa para incorporar de manera explícita la neutralidad política en los programas sociales, un tema que ha sido señalado durante años por organismos electorales, académicos y por la oposición. El planteamiento toma mayor relevancia por el crecimiento del gasto social en los siete años que ha gobernado Morena, pues actualmente superan los 850 mil millones de pesos.

La propuesta busca elevar a rango de ley lo que hasta ahora ha sido un conjunto de acuerdos administrativos temporales, como el convenio firmado en 2019 entre el INE, la Secretaría del Bienestar y la Función Pública, cuya vigencia concluyó en 2024 sin consolidar un mecanismo permanente de control. En los hechos, se trata de cerrar la laguna normativa que permite prácticas de clientelismo, al establecer como principio obligatorio la neutralidad política en el diseño, ejecución y difusión de todos los programas financiados con recursos públicos.

La iniciativa plantea prohibir el uso del padrón de beneficiarios con fines electorales, eliminar cualquier elemento de propaganda partidista en la entrega de apoyos y obligar a que toda comunicación institucional utilice criterios estrictamente informativos y colores neutros. Incluso prevé sanciones que pueden llegar a la reducción de hasta 50% del financiamiento público para quienes incurran en estas conductas, lo que coloca el tema en el terreno de las infracciones electorales y no solo administrativas.

A ver si el Verde y la oposición en el Congreso se animan a entrarle al tema, porque toca uno de los pilares de la operación territorial de los partidos, incluido el oficialismo, que ha hecho de la política social su principal carta de legitimidad y de competencia electoral.

Posdata 3

La jueza federal Amarande Riojas Orozco fue suspendida de su cargo luego de que el Consejo de la Judicatura Federal iniciara una investigación en su contra por haber concedido prisión domiciliaria a Mario Alberto Sabag Corona, señalado como presunto feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. La medida cautelar y el amparo otorgado detonaron una revisión interna sobre la actuación de la juzgadora, quien llevaba apenas siete meses en funciones al frente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

El caso, como se adelantó en esta columna el pasado 13 de abril, ya había encendido alertas dentro del propio Poder Judicial. La queja presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial señalaba que Riojas Orozco estaba legalmente impedida para conocer el asunto y, aun así, resolvió el amparo. Se documentaron tres irregularidades centrales: la omisión de excusarse pese a un posible conflicto de interés, la falta de emplazamiento a la víctima indirecta y la orden de liberar al imputado sin sustento en las constancias del expediente. Todo ello en un proceso que se arrastraba desde 2019 y que involucra uno de los delitos más sensibles en la agenda pública.

En su momento, la jueza respondió desde su cuenta de X contra lo publicado en esta columna. Aseguró que en ningún momento determinó la libertad del imputado y acusó que el caso había sido mal comunicado. Sostuvo además que las supuestas causas de impedimento derivan de que el despacho involucrado pertenece, según sus dichos, a personas que la violentaron, y defendió que el imputado nunca ha estado en libertad. También atribuyó las dilaciones del proceso al juez de control Anzaldo Izquierdo y precisó que se trata de un juez de juicio oral quien debe definir la sentencia.

Este martes fue destituida de su cargo.

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