Jueza de EU bloquea operativos migratorios por presunto fraude electoral
Una jueza federal de California impuso restricciones a las acciones del DHS relacionadas con las elecciones en nueve estados estadounidenses.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín prohibió la mayoría de las operaciones de campo y entrevistas electorales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando los agentes sospechen de personas que consideren ciudadanos estadounidenses.
Jueza limita operativos electorales del DHS
El fallo, emitido el miércoles y dado a conocer este jueves, bloquea las operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las elecciones en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
La orden judicial busca impedir que las investigaciones sobre presunto fraude electoral deriven en intimidaciones contra ciudadanos estadounidenses o afecten su participación en los comicios.
Cuestionan las listas utilizadas en las investigaciones
Durante las últimas semanas, agentes del DHS realizaron operativos en los que cuestionaron a votantes registrados a partir de listas elaboradas con información de padrones electorales estatales oficiales y bases de datos comerciales.
La jueza calificó esas fuentes como “cuestionables”, en el contexto de las acciones emprendidas por las autoridades federales para investigar posibles irregularidades electorales.
En su fallo de 19 páginas, Martínez-Olguín aclaró que los demandantes no sostienen que sea ilegal que los funcionarios federales investiguen el voto ilícito en elecciones federales. La restricción se enfoca en evitar posibles actos de intimidación y amenazas contra la participación electoral.
La prohibición se aplica cuando los agentes del DHS sospechen de personas que, según su criterio razonable, sean ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones y autoridades respaldaron la demanda
La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, organización que representa a los demandantes, afirmó este jueves que la resolución recuerda que el poder supremo en la democracia estadounidense reside en los ciudadanos y no en el gobierno.
Gobierno de Trump tiene plazo para apelar
La jueza estableció que la orden entrará en vigor este viernes, con el propósito de dar al gobierno del presidente Donald Trump la oportunidad de apelar la decisión.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró al periódico The Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a los votantes que considera ciudadanos estadounidenses.
La resolución establece límites a las operaciones del DHS en los nueve estados señalados, mientras continúa la posibilidad de que el gobierno impugne judicialmente la medida.
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