Inteligencia: se estrecha la relación de México con EU

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lleva Omar Reyes, formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos. Se trata del Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera. En el comunicado oficial se presenta como un paso para mejorar la cooperación bilateral y robustecer las capacidades institucionales frente a delitos transnacionales, en particular el tráfico ilícito de armas y el uso indebido del sistema financiero.

Se trata del primer instrumento de cooperación directo entre la UIF y el IRS-CI. Esto marca un cambio en la arquitectura de colaboración financiera entre México y Estados Unidos, al pasar de mecanismos generales de intercambio a un esquema formalizado de coordinación operativa.

El acuerdo detalla que el convenio busca establecer mecanismos de intercambio estratégico de información, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para detectar esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal vinculada a la delincuencia organizada, uso de empresas fachada y movimientos financieros transfronterizos de alto riesgo. Es decir, el foco no está únicamente en el lavado tradicional, sino en estructuras financieras híbridas donde convergen delitos fiscales y criminales.

La participación directa del IRS-CI —el brazo criminal del fisco estadounidense— introduce una dimensión que eleva la presión sobre redes que operan entre ambos países. Para las autoridades mexicanas, implica el acceso potencial a inteligencia tributaria y financiera más profunda; pero para Estados Unidos abre una ventana más directa al sistema financiero mexicano y a los reportes de operaciones inusuales que procesa la UIF.

Otro elemento relevante es la alineación explícita del convenio con las acciones del Gabinete de Seguridad. El acuerdo forma parte de ajustes estratégicos del gobierno federal para reforzar el combate a organizaciones criminales y consolidar un enfoque binacional contra las contra las finanzas ilícitas.

La operación apuesta por la trazabilidad de recursos ilícitos y por fortalecer la integración de expedientes que respalden procesos de judicialización, bloqueos administrativos y acciones coordinadas con autoridades extranjeras.

La presión de Estados Unidos para cerrar los flujos financieros del narcotráfico —en especial tras la crisis del fentanilo— se ha intensificado, y México ha respondido reforzando el frente financiero. La UIF busca consolidarse como eje rector de la dimensión económica de la seguridad, mientras que el IRS-CI amplía su radio de acción sobre operaciones transfronterizas vinculadas a crimen organizado.

Para el sistema financiero y el sector empresarial, el mensaje es que el cruce de inteligencia financiera y fiscal entre ambos países reduce los espacios de opacidad que durante años permitieron la operación de estructuras de simulación, facturación falsa y triangulación de recursos. Sobre todo, lo particularmente expuestos que quedan los esquemas que combinan evasión fiscal con lavado de activos, una zona gris que ahora entra de lleno en el radar binacional.

No obstante, el verdadero alcance del convenio dependerá de su ejecución. La UIF ha acumulado una amplia red de acuerdos internacionales, pero no todos se han traducido en casos emblemáticos o sentencias firmes. La diferencia ahora radica en tres factores: la formalización directa con el IRS-CI, la integración con la estrategia del gabinete de Seguridad y la presión política de EU para obtener resultados medibles.

Si estos elementos se alinean, el acuerdo podría convertirse en una de las herramientas más relevantes para golpear las finanzas del crimen organizado en los próximos años.

Por lo pronto, México y Estados Unidos están entrando en una fase de cooperación financiera mucho más estrecha. El cerco sobre el dinero ilícito, y sobre las estructuras que lo mueven, empieza a cerrarse con mayor precisión.

Posdata TV Azteca formalizó el inicio de un concurso mercantil voluntario con el que busca reordenar sus pasivos sin detener la operación. La televisora de Ricardo Salinas Pliego insiste en que se trata de una medida preventiva y no de una quiebra, en un contexto de retos estructurales del negocio de televisión abierta por la caída de la publicidad y la presión de las plataformas digitales.

Detrás del mensaje corporativo hay cifras que explican la decisión. TV Azteca arrastra una deuda total estimada entre 2,000 y 2,200 millones de dólares y, además, enfrenta impagos con acreedores en Estados Unidos por alrededor de 600 millones de dólares, un frente que ha elevado la presión legal y financiera sobre la compañía. A ello se suman las obligaciones previas, como el pago de licencias por más de 3,800 millones de pesos.

En enero de 2026, Grupos Salinas pactó con el SAT el pago de 32,132 millones de pesos para cerrar un litigio de 18 años, con un primer abono de 10,400.6 millones y el resto a cubrirse en 18 mensualidades. El acuerdo implicó una reducción cercana a 37% respecto de la deuda original de unos 51,000 millones de pesos, tras la confirmación del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El concurso mercantil es una figura legal común que han utilizado empresas relevantes para estabilizarse, pero el éxito dependerá del flujo que logre generar la televisora en un mercado publicitario en contracción.

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