Inhabilitan a juez que otorgó amparos a exgobernador de Tamaulipas
El Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año al juez Juan Fernando Alvarado López por conceder amparos al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El Tribunal de Disciplina Judicial determinó sancionar con un año de inhabilitación al juez federal Juan Fernando Alvarado López, al considerar que incurrió en faltas graves al conceder amparos que evitaron la detención del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sanción del Tribunal de Disciplina Judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), a través de su Comisión de Disciplina, resolvió que el juzgador actuó fuera de la legalidad al otorgar la protección de la justicia federal al exmandatario panista. Los amparos concedidos impidieron la ejecución de mandamientos judiciales en su contra, así como la suspensión de sus derechos político-electorales en distintos juicios de amparo.
La investigación se originó tras una queja presentada por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Derivado de ese procedimiento, el órgano disciplinario concluyó que la actuación del juez no fue aislada, sino parte de un desempeño sistemático con errores inexcusables que, a su consideración, representaron un desacato a las normas que rigen la función jurisdiccional.
Impacto en otros procedimientos
El TDJ señaló que las decisiones adoptadas por Alvarado López impactaron otros procesos judiciales, incluidos procedimientos vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Como resultado de la resolución, Juan Fernando Alvarado López, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quedó impedido durante un año para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La inhabilitación también le prohíbe participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
El Tribunal acreditó irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional, relacionadas con la concesión de amparos que beneficiaron al exgobernador.
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