ICE compra almacenes en Texas para centros de detención
El ICE adquirió almacenes en Texas y otros cuatro estados para ampliar su capacidad de detención, generando oposición comunitaria y preocupaciones por servicios públicos e impuestos.
El U.S. Immigration and Customs Enforcement compró almacenes en Texas, Arizona, Georgia, Maryland y Pensilvania como parte de un plan de expansión de centros de detención, mientras autoridades locales y residentes expresan inquietudes por el impacto en infraestructura, agua e ingresos fiscales.
La agencia, adscrita al Department of Homeland Security, concretó la compra de al menos siete inmuebles industriales en distintos estados. En Socorro, a las afueras de El Paso, se cerró una operación por 122.8 millones de dólares para adquirir tres almacenes con una superficie total de 76 mil 738 metros cuadrados.
Autoridades municipales señalaron que no fueron notificadas previamente. El alcalde Rudy Cruz Jr. afirmó que el gobierno federal no informó a la ciudad antes de concretar la transacción.
Expansión de capacidad de detención
Documentos oficiales indican que el ICE planea destinar 38 mil 300 millones de dólares para aumentar su capacidad a 92 mil camas. Desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump, el número de personas detenidas pasó de 40 mil a 75 mil, distribuidas en más de 225 instalaciones.
El DHS rechazó que los inmuebles sean descritos como “almacenes” y aseguró que se trata de “instalaciones de detención muy bien estructuradas” que cumplen con estándares federales.
Preocupación por impacto local
En comunidades como Social Circle y el condado Berks, en Pensilvania, funcionarios expresaron inquietud por la posible sobrecarga en sistemas de agua, alcantarillado e infraestructura, así como por la pérdida de ingresos fiscales debido a la exención de impuestos federales.
En Surprise, autoridades locales enviaron una carta formal a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la compra de un inmueble cercano a zonas residenciales y escolares.
El plan forma parte de una estrategia financiada mediante un paquete federal aprobado por el Congreso, que incrementó el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para fortalecer operaciones migratorias y ampliar la infraestructura de detención en Estados Unidos.
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