Hijos de personas desaparecidas, las otras víctimas de la crisis en México
Un informe estima que hasta 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la desaparición de un familiar en México.
La crisis de desapariciones en México también afecta a niñas, niños y adolescentes, aunque las autoridades no cuentan con un registro específico que permita conocer cuántos menores tienen un familiar desaparecido ni cuáles son sus principales necesidades.
Un informe de Tejiendo Redes Infancia estima que podrían existir alrededor de 165 mil hijas e hijos afectados, a partir de los registros nacionales de personas desaparecidas y un promedio de integrantes de los hogares mexicanos.
¿De dónde surge la estimación de 165 mil menores?
El informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México” señala que hasta agosto de 2026 existían 103 mil 176 registros de personas desaparecidas o no localizadas.
A partir de esta cifra y del promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona, calculado con información de la ENADID 2023, la organización plantea un escenario de aproximadamente 165 mil hijas e hijos potencialmente afectados.
Tejiendo Redes Infancia aclara que esta cantidad no representa un conteo oficial ni un registro exacto. Su propósito es mostrar la magnitud del problema y evidenciar la falta de información que permita identificar los vínculos familiares de las personas desaparecidas.
Menores quedan fuera de registros y apoyos
La organización advierte que la ausencia de información sobre los familiares dificulta que las instituciones puedan identificar a las niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas y atender sus necesidades específicas.
Entre las principales afectaciones se encuentran cambios en los cuidados, reducción de ingresos familiares, interrupción de estudios, problemas de salud, mayor inseguridad y modificaciones en los vínculos familiares y comunitarios.
La desaparición también puede generar una mayor carga para madres, abuelas, hermanas y otras personas cuidadoras, quienes además de enfrentar la ausencia deben realizar trámites y participar en las labores de búsqueda.
La desaparición cambia la vida de las familias
El informe señala que las consecuencias no terminan con la persona desaparecida, sino que se extienden al entorno familiar.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, la incertidumbre puede afectar su desempeño escolar, relaciones sociales y bienestar emocional.
Un análisis retomado por Tejiendo Redes Infancia, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, documentó experiencias de menores de entre 10 y 17 años que enfrentan la desaparición de un familiar.
Los testimonios muestran problemas relacionados con miedo, incertidumbre, cambios emocionales, dificultades escolares y falta de sensibilidad en algunos espacios educativos.
Los menores también enfrentan trámites institucionales que pueden resultar difíciles de comprender y procesos en los que deben explicar repetidamente la situación de su familia.
Organizaciones piden una respuesta coordinada
Tejiendo Redes Infancia sostiene que el problema no se limita a la falta de una cifra oficial, sino a la ausencia de mecanismos que permitan relacionar de manera segura a las personas desaparecidas con sus familiares.
La organización propone una ruta nacional de atención que permita identificar a los menores afectados, valorar sus necesidades y activar servicios de protección, salud, educación y asistencia social.
También plantea que las instituciones compartan información de manera coordinada, siempre bajo criterios de seguridad, consentimiento y protección de datos personales.
¿Qué debería hacer el Estado?
El informe propone cinco momentos para mejorar la atención:
Identificación del vínculo familiar de manera segura.
Valoración de las condiciones y necesidades del menor.
Activación de responsables de protección y atención.
Continuidad de los servicios sin obligar a las familias a repetir constantemente su historia.
Rendición de cuentas sobre los resultados de las políticas implementadas.
La organización advierte que capacitar al personal no es suficiente si no existen protocolos claros, responsables definidos y mecanismos para evaluar qué ocurre cuando las instituciones no cumplen.
Por ahora, la estimación de 165 mil hijas e hijos potencialmente afectados funciona como una aproximación para dimensionar el problema, no como una cifra oficial.
El informe plantea que contar con información sobre estos menores permitiría diseñar políticas públicas específicas y evitar que las familias tengan que enfrentar, además de la desaparición de uno de sus integrantes, una nueva forma de negligencia institucional.
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