Hasta 70 años de prisión por feminicidio: FGR impulsa reforma clave
La FGR presentó una iniciativa para homologar el feminicidio en México, con penas de hasta 70 años de prisión y protocolos unificados con perspectiva de género.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció el envío de una iniciativa al Senado para homologar el delito de feminicidio en México, con sanciones de hasta 70 años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos.
Reforma busca unificar el delito de feminicidio
La propuesta plantea modificar la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de unificar criterios en todo el país sobre su prevención, investigación y sanción.
De acuerdo con la fiscal, el feminicidio será reconocido como una grave violación a los derechos humanos, lo que obligará al Estado a implementar respuestas estructurales en materia de justicia y políticas públicas.
Penas, multas y agravantes
El proyecto establece sanciones de 40 a 70 años de prisión, además de multas de entre mil y 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). También contempla castigos para la tentativa de feminicidio, equivalentes a una parte proporcional de la pena.
Se incluyen nueve razones de género para acreditar el delito, como violencia sexual, antecedentes de agresión, relaciones de subordinación o exposición del cuerpo de la víctima.
Asimismo, se contemplan 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o que el crimen ocurra frente a sus hijos.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, incorporando de forma obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
El delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como las sanciones serán imprescriptibles, lo que significa que no perderán vigencia con el paso del tiempo.
Sanciones adicionales y fortalecimiento institucional
La propuesta también contempla que los responsables pierdan derechos legales, como la patria potestad, custodia o tutela de menores, además de quedar excluidos de beneficios relacionados con la víctima.
Además, obliga a la FGR y a fiscalías estatales a contar con unidades especializadas, con personal capacitado en investigación criminal y atención a víctimas, para garantizar la continuidad de los casos.
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