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EU sanciona a dos hijos de Daniel Ortega y a funcionarios del gobierno de Nicaragua

Daniel Ortega
Agencias
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Estados Unidos impuso sanciones a dos hijos del presidente nicaragüense Daniel Ortega, funcionarios y empresas del sector minero por presuntas operaciones de financiamiento ilícito.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como contra funcionarios y empresas vinculadas al sector de extracción y comercialización de oro.

Sanciones contra familiares de Ortega

Los sancionados son Maurice Ortega Murillo, delegado presidencial en el área de deportes, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, responsable del sistema de comunicación gubernamental.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambos han ocupado cargos dentro del gobierno nicaragüense y forman parte de estructuras vinculadas al aparato estatal.

Acusaciones del Departamento del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó al entorno presidencial de utilizar empresas mineras para generar ingresos destinados a sostener el poder político del régimen.

Señaló que el gobierno nicaragüense habría estructurado una red de compañías y aliados para controlar sectores estratégicos de la economía, particularmente el mercado del oro.

Empresas y funcionarios sancionados

Además de los familiares del mandatario, las sanciones incluyen a varias empresas del sector minero y a funcionarios vinculados con la concesión y operación de licencias en Nicaragua.

Entre las compañías señaladas se encuentran entidades relacionadas con extracción, exportación y procesamiento de minerales, según informó el Departamento del Tesoro.

Sanciones

Estados Unidos sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el uso de estructuras empresariales y estatales con fines de financiamiento político.

Las autoridades estadounidenses afirman que continuarán aplicando medidas contra redes que, según su versión, afectan activos e inversiones vinculadas a ese país.

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