EU acelera deportación de niño Liam Conejo, informa NYT
El gobierno de Estados Unidos busca acelerar la deportación del niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, tras presentación de moción que su abogada califica de extraordinaria.
El gobierno de Estados Unidos presentó una moción para acelerar la deportación del niño Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, tras ser liberados de un centro de detención en Texas, un caso que vuelve a poner el foco en política migratoria y solicitudes de asilo.
Intento de deportación tras liberación judicial
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó este viernes una moción para acelerar la deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Conejo Arias, según reportó The New York Times. La acción se da días después de que un juez federal ordenara su liberación de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas y su regreso a Minnesota.
Argumentos legales y respuesta de la defensa
La abogada de inmigración Danielle Molliver, que representa a la familia, calificó la moción como “extraordinaria” y potencialmente represalia en el proceso de su caso de asilo, ya que planea solicitar más tiempo para presentar la documentación correspondiente en la audiencia programada para el mismo viernes. Por el momento, el DHS ha descrito el proceso como parte de los procedimientos regulares de deportación sin detallar razones específicas más allá del estatus migratorio.
Contexto del caso
Liam y su padre fueron detenidos el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis durante una operación de inmigración, y posteriormente trasladados al centro de detención familiar en Dilley, Texas, generando atención nacional tras la difusión de una imagen del niño con su mochila. El juez que ordenó su liberación destacó que ambos tienen casos de asilo pendientes y bloqueó temporalmente cualquier intento de traslado o deportación mientras avanza el proceso legal.
Impacto y reacciones públicas
La detención y el intento de deportación han sido señalados por defensores de los derechos de migrantes como parte de una política migratoria más amplia, aunque las autoridades han defendido la aplicación de la ley. La familia, originaria de Ecuador, afirma haber ingresado legalmente al país y haber solicitado protección humanitaria, mientras que organismos oficiales insisten en que el procedimiento se realiza conforme a las leyes de inmigración vigentes.
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