Estado recupera inmueble destinado a programas sociales
La Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo la recuperación de un inmueble ubicado en la Unidad Deportiva Santiago V. González, tras determinar que su ocupación por el Ayuntamiento de Piedras Negras no contaba con sustento legal. La acción se realizó garantizando el respeto a los derechos de las personas presentes y la protección de programas sociales.
Posición del Gobierno del Estado y antecedentes legales
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, señaló que "el operativo responde estrictamente al cumplimiento de una orden judicial, derivada de la posesión legal del DIF Coahuila, que tiene derecho a operar y administrar el inmueble desde su entrega oficial por el INEDEC en octubre de 2025".
El proceso se originó cuando el 29 de septiembre de 2025 el DIF solicitó formalmente el uso permanente del espacio, autorizándose su entrega el 21 de octubre del mismo año. A partir de noviembre comenzaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación, y en diciembre el inmueble empezó a ofrecer programas sociales enfocados en grupos vulnerables, consolidando su función comunitaria.
El 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó asumir la operación del Centro de Alto Rendimiento, pero esta petición fue rechazada por el INEDEC el 4 de marzo, reiterando que el inmueble se encontraba bajo resguardo del DIF Coahuila.
El 17 de marzo, funcionarios municipales acompañados de seguridad acudieron al inmueble para exigir el desalojo del personal estatal, generando actos de intimidación. Posteriormente, el espacio fue utilizado para actividades no autorizadas, incluyendo un evento deportivo dirigido a personas con discapacidad.
Operativo de la Fiscalía y resguardo del patrimonio
El fiscal Fernández Montañez explicó: "Se pospuso la ejecución de la orden judicial hasta concluir las actividades deportivas, priorizando la seguridad y la integridad de los participantes. Una vez desocupado el inmueble, la Fiscalía procedió con la recuperación de manera ordenada y sin afectar a terceros".
El inmueble fue construido con recursos federales del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2014 por 29.7 millones de pesos y equipado en 2021 con recursos estatales por 2.2 millones de pesos. Desde su conclusión en mayo de 2022, permanece bajo administración del Gobierno del Estado.
La intervención tuvo como objetivo restituir el estado de derecho, garantizar la posesión legal del DIF Coahuila y proteger el patrimonio estatal. La autoridad jurisdiccional confirmó la validez de la posesión estatal y otorgó sustento legal a las acciones realizadas.
El operativo del 22 de marzo se llevó a cabo bajo criterios de prudencia, legalidad y sensibilidad social, priorizando la continuidad de las actividades, la protección de la población vulnerable y el respeto al orden institucional.
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