Costa Rica vota continuidad y tensiona contrapesos democráticos

Las elecciones del 1 de febrero marcaron un punto de inflexión en Costa Rica, con continuidad oficialista, mayor polarización y desafíos abiertos para el equilibrio democrático.

Las elecciones generales del 1 de febrero de 2026 confirmaron la entrada de Costa Rica en una nueva fase política. La victoria en primera vuelta de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, consolidó la continuidad del proyecto impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, quien no podía buscar la reelección por mandato constitucional. El resultado incluyó una participación del 69 % y otorgó al oficialismo 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa unicameral.

Resultado electoral y composición legislativa

Con 48 % de los votos válidos, Fernández obtuvo el triunfo en primera vuelta, respaldada por una elevada concurrencia que revirtió la tendencia abstencionista reciente. Aunque la mayoría legislativa facilita la gobernabilidad, no alcanza para reformas constitucionales ni para cambios estructurales sin acuerdos adicionales. El escenario deja a un país dividido: 51 % del electorado no votó por la presidenta electa y cerca del 30 % se abstuvo.

Continuidad política y liderazgo presidencial

Chaves llegó al poder en 2022 como outsider y mantiene niveles de aprobación cercanos al 60 %. Su apoyo fue decisivo durante la campaña y se proyecta en la transición: desde el 5 de febrero y hasta el 8 de mayo, Fernández fue designada ministra de la Presidencia para facilitar el relevo. La invitación posterior para integrar al mandatario saliente al futuro gabinete abrió debates sobre la distribución real del poder durante el próximo periodo.

Seguridad, eje de campaña

La seguridad encabezó las prioridades del electorado. Costa Rica enfrenta una crisis inédita con cerca de 900 homicidios anuales y una tasa aproximada de 17 por cada 100 mil habitantes, con picos más altos en provincias como Limón. El oficialismo planteó respuestas de mayor contundencia, en un contexto regional donde se observan referencias al modelo de “mano dura” aplicado en otros países, lo que marca un cambio relevante en una democracia históricamente cauta frente a la expansión del poder coercitivo.

Oposición y contrapesos

La oposición llegó fragmentada y obtuvo 26 diputados en conjunto, encabezada por Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos alcanzó 33 % de los votos y 17 escaños. El desafío parlamentario será articular acuerdos que permitan colaborar en iniciativas de interés público y, al mismo tiempo, ejercer controles institucionales efectivos.

Instituciones y proceso electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones organizó un proceso reconocido por su integridad. Si la legitimidad de origen del nuevo gobierno es clara, el debate público se centra ahora en la legitimidad de ejercicio y en la relación entre Ejecutivo, Legislativo, órganos de control y prensa, en un país con tradición de Estado de derecho, división de poderes y libertad de expresión.

Panorama regional y democracia

El respaldo regional a la presidenta electa y la discusión sobre seguridad reflejan una coyuntura latinoamericana donde gobiernos elegidos democráticamente impulsan reinterpretaciones del alcance del Estado. En Costa Rica, el temor al crimen organizado y al narcotráfico ha reconfigurado consensos históricos y abierto un debate sobre los límites y contrapesos del poder.

Balance y desafíos

El nuevo gobierno asume con poder político suficiente y un país prácticamente dividido en mitades. El curso de los próximos años dependerá de la capacidad para gobernar con diálogo, respetar los contrapesos institucionales y mantener los estándares democráticos que han distinguido a Costa Rica en la región.

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