Autoridades ven pugna entre cárteles tras masacre en Salamanca

Investigaciones federales apuntan a una disputa entre grupos criminales como causa del ataque armado en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y varios heridos.
Autoridades federales informaron que la masacre en Salamanca, ocurrida el 26 de enero de 2026 en un campo de futbol, estaría relacionada con una pugna entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima.
Tras el ataque armado registrado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida y 10 resultaron lesionadas, fuentes federales señalaron que los hechos estarían vinculados a una disputa entre grupos del crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones, al menos cinco de las víctimas mortales pertenecían a una empresa de seguridad privada presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que refuerza la hipótesis de un conflicto directo entre organizaciones criminales.
Ataque atribuido al Cártel Santa Rosa de Lima
Las indagatorias apuntan a que el ataque fue perpetrado por un grupo ligado al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). Previo a la agresión, las autoridades aseguraron dos cartulinas atribuidas a este grupo, en las que se hace referencia directa a la disputa con el CJNG.
Fuentes de seguridad indicaron que estos mensajes forman parte de la confrontación que mantienen ambos grupos por el control de actividades ilícitas en la región.
Identifican a presunto generador de violencia
En la investigación se menciona la posible participación de Moisés Soto Bermúdez, identificado como líder de un grupo de choque conocido como “Los Marros”, célula que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro”, “Camorro” o “Gallo”.
Lara Belman es señalado como jefe de célula criminal, dedicado a la distribución de droga, homicidios y extorsión en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya, y cuenta con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.
Además, se le relaciona con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y desaparición forzada, siendo considerado uno de los objetivos prioritarios para las autoridades federales.
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