AHMSA: entre la esperanza, desconfianza y la justicia

Preocupa al sector de representación jurídica de acreedores comunes la amplia facultad dada al síndico Víctor Manuel Aguilera en decisiones de preclasificación e impugnaciones. 

Extrabajadores, empresarios y acreedores comunes coinciden en que el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) parece avanzar con mayor firmeza, aunque cada sector observa riesgos y prioridades distintas, a medida que entra en su fase decisiva del Concurso Mercantil.

Pese a que las fechas están definidas por el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, sigue en el aire la incógnita sobre los montos de liquidación a los extrabajadores, dado que parte d ellos exobreros insisten en que van a luchar porque se respete el contrato colectivo, como Ervey Valenzuela, otros, encabezados por Julián Torres, saben que sería por la Ley de Quiebras, pero tienen la esperanza de que haya una compensación por intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Extrabajadores: confianza condicionada y lucha por el contrato colectivo

Julián Torres, representante del Grupo de Defensa de los Extrabajadores de AHMSA, consideró que la etapa actual de recepción de propuestas y la definición de fechas oficiales dan mayor seriedad al procedimiento.

“Esto ya nos da más certeza y seguridad. Creemos que ahora sí va por buen camino y que ya no habrá más retrasos”, señaló, tras recordar que durante meses el proceso estuvo marcado por prórrogas y aplazamientos que, dijo, han significado un “castigo” prolongado para miles de familias.

Torres afirmó que los extrabajadores confían en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y en los compromisos expresados por la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en lo referente a la reactivación de la empresa y la recuperación de empleos en Monclova y la región Centro.

No obstante, dijo que el principal punto de conflicto sigue siendo la forma en que se pretende liquidar a los trabajadores pues la juez (Ruth Huerta) como el síndico (Víctor Manuel Aguilera) han señalado que deben ceñirse a la Ley de Concursos Mercantiles, pero advirtió que aceptar ese esquema significaría recibir entre un 15 y 20% de lo que les corresponde conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

“Nosotros no estamos conformes con que se nos pague por la ley de quiebras. Es una ley que nos castiga y no es justa con quienes entregamos nuestra vida laboral a la empresa”, sostuvo.

Ante este escenario, adelantó que insistirán directamente ante la presidenta para que intervenga y cumpla su promesa de no dejarlos solos. Aseguró que el Ejecutivo federal tiene facultades para otorgar una compensación adicional o buscar un mecanismo que garantice una liquidación justa, aun cuando el proceso legal siga su curso.

Ervey Valenzuela, extrabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), aseguró que la base trabajadora continuará insistiendo en que cualquier liquidación se realice conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y no bajo la Ley de Quiebras, ya que esta última representaría montos mínimos que no compensan los años de servicio de los obreros.

“Lo que queremos es justicia laboral y social. No nos interesa de dónde salga el recurso; lo que queremos es que no se nos castigue siendo los menos culpables”, afirmó, al insistir en que la federación también debe obligar a Alonso Ancira a cumplir con sus responsabilidades hacia los trabajadores.

Advirtió que aceptar una liquidación bajo la Ley de Quiebras sería injusto para trabajadores con décadas de antigüedad. “Un compañero con 40 años de trabajo que esperaba un millón de pesos terminaría recibiendo 150 o 200 mil. Toda su vida la dejó ahí”, lamentó.

Acreedores comunes: avances con reservas jurídicas

Rosario Rocha, abogada y apoderada jurídica de acreedores comunes de AHMSA, consideró positivo que finalmente existan fechas claras y definidas dentro del concurso mercantil, lo que reduce la incertidumbre que prevaleció durante meses.

Explicó que la autorización para vender AHMSA como “unidad productiva de venta” responde a una estrategia para evitar la depreciación de los activos, ya que la venta fragmentada de plantas y unidades habría reducido de forma considerable su valor.

Sin embargo, Rocha advirtió que uno de los puntos más delicados del proceso es la amplia concentración de facultades en el síndico, Víctor Manuel Aguilera, quien no sólo realizará la precalificación de los postores, sino que también resolverá las posibles impugnaciones que se presenten.

“Ahí es donde surge la duda: el síndico tendrá acceso total a la información y la facultad de decidir qué propuestas avanzan y cuáles no. Eso genera un riesgo si no hay un acompañamiento claro de otras instancias”, señaló.

La abogada explicó que las propuestas se presentarán en sobre cerrado, acompañadas de garantías económicas que acrediten la seriedad de los postores, por lo que ni acreedores ni trabajadores conocerán los montos ofrecidos hasta que exista un ganador formal.

Aun así, consideró que el inicio formal de la etapa de ejecución y la definición de la audiencia de subasta para el 2 de marzo en la Ciudad de México representan un avance concreto, aunque subrayó que cualquier inconformidad relevante tendría que ser resuelta, en última instancia, por la autoridad judicial.

Empresarios: expectativa por una puja más alta y reactivación regional

Desde el sector empresarial, el énfasis está puesto en el impacto regional y en la posibilidad de que la subasta alcance un mejor precio. Jorge Mtanous, presidente de Canacintra, afirmó que el proceso “se ve más en firme” y que la intervención constante del gobernador y de la presidenta en el tema ha contribuido a generar mayor certeza.

Destacó que la subasta partirá de un 85% del avalúo de los bienes, por lo que confió en que los postores eleven sus ofertas durante la puja, lo que permitiría cubrir en mayor medida los adeudos con trabajadores y acreedores.

“Entre más suba el precio, más alcanza para pagar. Eso es lo que esperamos”, señaló.

Mtanous reconoció que para muchas empresas locales afiliadas a Canacintra, consideradas acreedores comunes, la recuperación total de los adeudos es poco probable, ya que se encuentran al final de la prelación legal. Aun así, insistió en que el nuevo dueño debe dar prioridad a dar trabajo a las empresas locales que resultaron afectadas por la crisis de AHMSA.

“Tal vez no se recupere todo, pero pedimos que nos den la oportunidad de volver a trabajar, que se nos considere proveedores prioritarios para poder levantarnos”, expresó.

Señaló que lo más importante es que el proceso concluya y permita a la región dejar atrás esa situación y avanzar hacia la reactivación industrial y al empleo.

Un mismo proceso, distintas expectativas

El desenlace de la subasta no sólo definirá al nuevo dueño de AHMSA con otro nombre la empresa,  sino también el rumbo social, laboral y económico de toda una región que, tras años de incertidumbre, espera que esta vez la promesa de solución sí se cumpla.

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