Vinculan a proceso a ex notario en Hidalgo por usurpación de profesiones
Un ex notario de Tizayuca fue vinculado a proceso por ejercer como abogado sin tener cédula profesional, tras una denuncia por usurpación de profesiones.
O. E. S. H., ex notario público en Tizayuca, Hidalgo, fue vinculado a proceso por usurpación de profesiones, luego de que se comprobó que se ostentó como licenciado en Derecho sin contar con cédula profesional al momento de firmar un documento oficial en 2020.
Ex notario es vinculado a proceso por usurpar profesión de abogado
Un ex notario público fue procesado penalmente en Hidalgo por el delito de usurpación de profesiones, luego de que una denuncia ciudadana revelara que se presentó como licenciado en Derecho sin contar con la cédula profesional correspondiente.
La investigación, a cargo de autoridades judiciales del estado, determinó que el imputado, identificado como O. E. S. H., firmó un documento oficial el 26 de noviembre de 2020, ostentándose como abogado. No obstante, el registro oficial indica que su cédula profesional fue emitida hasta el 11 de enero de 2022, lo que invalida su capacidad legal para ejercer la profesión en el momento de los hechos.
Emisión de documento sin respaldo legal
El documento cuestionado fue elaborado por el ex notario durante su ejercicio en el municipio de Tizayuca, sin contar con la acreditación necesaria. Dicha conducta configura el delito de usurpación de profesiones, previsto en el marco jurídico mexicano para quienes ejerzan funciones profesionales sin título o cédula legalmente expedidos.
A raíz de la denuncia, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por reclusión el 25 de julio de 2025, dentro del penal de Tizayuca, donde el imputado ya se encontraba privado de su libertad.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Tras ser presentado ante un juez de control, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, y finalmente fue vinculado a proceso el 30 de julio de 2025.
Como parte de las medidas cautelares, se le impuso la prisión preventiva justificada, y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual el Ministerio Público podrá reunir más pruebas que fortalezcan la acusación.
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