Video de perros tirados en relleno desata furia ciudadana

Video muestra a empleados de Piedras Negras arrojando perros muertos al relleno, desatando indignación y acciones legales por violar leyes de bienestar animal.

Piedras Negras de nueva cuenta se ha vuelto tendencia nacional, por el grotesco hecho donde empleados municipales tiran a más de 20 perros al relleno sanitario, según sus directrices.

La difusión de un video en el que se observa a empleados del Centro de Bienestar Animal de Piedras Negras arrojando decenas de perros, aparentemente muertos, al relleno sanitario del municipio ha provocado indignación y el inicio de acciones legales. 

El caso ha abierto un debate sobre la legalidad de la disposición de cadáveres de animales y las reformas constitucionales que protegen su vida. Tras la viralización del material, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), acusando violaciones a la Reforma Constitucional de 2024, que prohíbe la eutanasia de animales en situación de abandono. “Están pasando por alto la reforma constitucional. Argumentan que la ley lo permite, porque algunos estados y municipios no han actualizado sus reglamentos, pero ignoran que una reforma constitucional es de aplicación sucesiva”, señaló en redes sociales. El alcalde Jacobo Rodríguez defendió la acción de los empleados, asegurando que la disposición se realizó conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) y su Reglamento, que permiten que los cadáveres de animales sean destruidos mediante incineración o depósito en rellenos sanitarios, siguiendo protocolos sanitarios. Asimismo, mencionó la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2017, que establece medidas para minimizar riesgos a la salud pública durante la disposición de cadáveres de animales.

Posturas

“Me indignó escuchar que los sacrificaron porque la ley lo permite. ¡Ahí nos vemos en tribunales!”, respondió Gutiérrez, advirtiendo que llevará el caso a instancias legales. La FGJE confirmó la apertura de una carpeta de investigación y aseguró que los empleados municipales que aparecen en el video serán citados para deslindar responsabilidades. Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, indicó que se revisará el origen de cómo fueron sacrificados los animales y que el caso se judicializará conforme a derecho. La situación ha revivido episodios previos de maltrato animal en Coahuila. En enero de 2019, un video mostró a Gerardo Humberto Herrera Escobedo, apodado “El Porky”, apuñalando a un perro en la colonia SUTERM de Piedras Negras, generando indignación en la comunidad y denuncias de activistas de Protecani. A pesar de la viralización del material, el caso quedó en el olvido sin consecuencias legales contundentes. En 2023, otro caso similar se registró en Monclova, donde elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil fueron captados maltratando y matando perros con herramientas como palas. Tras la difusión de los videos, el alcalde Mario Dávila condenó los hechos, y la Fiscalía y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) iniciaron indagatorias, suspendiendo temporalmente a uno de los bomberos mientras se esclarecían los hechos. Protectores de animales han insistido en que la LFSA y su Reglamento no pueden ser usados como justificación para actos de crueldad y que las disposiciones sobre rellenos sanitarios aplican únicamente para animales fallecidos por causas naturales o enfermedad, no para perros sacrificados arbitrariamente. Activistas han advertido que la Reforma Constitucional de 2024 busca precisamente garantizar la vida de los animales en situación de abandono y que cualquier acción contraria constituye un delito. El caso del tiradero de perros en Piedras Negras se suma así a un historial de denuncias sobre maltrato animal en Coahuila, donde organizaciones y ciudadanos exigen que la ley se aplique de manera efectiva y que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, la comunidad animalista ha prometido dar seguimiento al caso, advirtiendo que no permitirán que los actos de crueldad queden impunes.Con la carpeta de investigación abierta y las autoridades comprometidas a citar a los implicados, el futuro de estos procedimientos judiciales será clave para determinar los límites legales.

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