Trump prohíbe entrada a EE.UU. a ciudadanos de 12 países
El presidente Donald Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada a EE.UU. de ciudadanos de 12 países e impone restricciones a otros siete.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una proclamación que prohíbe la entrada al país a ciudadanos de 12 naciones e impone restricciones adicionales a viajeros de otros siete. La medida, justificada en un informe de seguridad, entrará en vigor el próximo 9 de mayo.
Entre los países afectados por la prohibición total están Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se aplicarán limitaciones más estrictas a visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Justificación: "Protección de intereses nacionales"
En un comunicado, Trump argumentó que la entrada de ciudadanos de estos países "sería perjudicial para los intereses de EE.UU.". La decisión se basa en un informe elaborado por los departamentos de Estado y Seguridad Nacional, que evaluó las "actitudes hostiles" de estas naciones hacia Washington.
El mandatario republicano había ordenado esta revisión al inicio de su gobierno, en enero de 2017, como parte de su política de "extrema vetting" (filtrado extremo) para migrantes y visitantes.
Países afectados y excepciones
La medida no aplica a:
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Residentes permanentes en EE.UU. (green card holders).
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Personas con visas válidas antes del 9 de mayo.
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Viajeros con documentación aprobada previamente.
Sin embargo, los ciudadanos de los 12 países vetados no podrán obtener nuevos visados, salvo casos excepcionales.
Reacciones internacionales y contexto
Esta es una expansión de la polémica "prohibición musulmana" de 2017, que fue bloqueada temporalmente por cortes federales. Ahora, la administración Trump incluye naciones no mayoritariamente musulmanas, como Haití y Corea del Norte (este último ya estaba en listas anteriores).
Organizaciones de derechos humanos, como ACLU y Amnistía Internacional, han criticado la medida, calificándola de "discriminatoria". Mientras, el gobierno insiste en que es una "necesidad de seguridad".
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