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Tomás Yarrington enfrenta formal prisión por lavado de dinero

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Redacción El Tiempo
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La Fiscalía General de la República dictó auto de formal prisión a Tomás Yarrington por lavado de dinero y delitos contra la salud en Tamaulipas.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en conjunto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), confirmó que el exgobernador fue vinculado a una organización criminal que, durante y después de su mandato, recibió recursos ilícitos para adquirir inmuebles en México y el extranjero. Estas propiedades fueron obtenidas a través de terceras personas con conocimiento del origen ilegal del dinero.

El proceso penal contra Tomás Yarrington se inició formalmente tras una orden de aprehensión vigente desde 2012, emitida por un juez federal en Tamaulipas. Las investigaciones revelaron vínculos con una banda criminal y la adquisición de bienes mediante recursos derivados de actividades ilícitas.

Coordinación con autoridades internacionales y proceso judicial

El 9 de abril de 2025, el exgobernador fue deportado desde Estados Unidos a México, donde enfrenta múltiples cargos. Además del auto de formal prisión por lavado de dinero, Yarrington también fue procesado por delitos contra la salud, específicamente por colaborar y fomentar actividades relacionadas con el narcotráfico.

El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas dictó la formal prisión por estos cargos, reforzando el avance del sistema judicial mexicano contra delitos cometidos por funcionarios públicos.

Antecedentes del caso

Tomás Yarrington gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, periodo durante el cual se le investiga por presuntos nexos con organizaciones criminales que operan en la región. La Fiscalía General de la República ha intensificado las acciones contra la corrupción y el crimen organizado en los últimos años, logrando detenciones y procesos legales relevantes como el de Yarrington.

Este caso ejemplifica el compromiso del Estado mexicano en combatir la corrupción y delitos vinculados con recursos ilícitos adquiridos tanto dentro como fuera del país, reforzando el sistema de justicia federal y su colaboración con autoridades internacionales.

 

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