Solicitan 1,428 mdp para fortalecer la justicia en Coahuila

El Poder Judicial de Coahuila formalizó una propuesta presupuestal de 1,428 millones de pesos para el año 2026, planteada ante el Congreso local. El objetivo es ampliar su capacidad operativa y responder al volumen de casos que atiende en todo el estado, luego de las modificaciones recientes en el sistema judicial.

Comparativa con otros estados y necesidades institucionales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, explicó que el recurso actual resulta limitado para la atención de la población y los servicios que demanda la estructura judicial. Actualmente, el Poder Judicial opera con cerca de 1,300 millones de pesos, por lo que el incremento solicitado busca cubrir necesidades como infraestructura, personal capacitado y fortalecimiento de áreas clave.

Durante la presentación del planteamiento, Mery Ayup hizo referencia a la diferencia presupuestal con entidades vecinas. Mencionó que Chihuahua, con una cifra poblacional ligeramente mayor, ejerce alrededor de 4,000 millones de pesos para su Poder Judicial, mientras que Coahuila atiende una cantidad similar de casos con un presupuesto considerablemente menor. Además, señaló que la diferencia en los presupuestos totales estatales también influye: Coahuila maneja cerca de 60,000 millones de pesos, mientras que Chihuahua supera los 120,000 millones de pesos en su presupuesto general.

Fortalecer la impartición de justicia

El magistrado indicó que ha sostenido conversaciones con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Luz María Morales Núñez, para exponer la importancia de priorizar el sistema judicial en el diseño del próximo presupuesto estatal. Enfatizó que lograr un aparato de justicia eficiente impacta directamente en la paz social, la resolución de conflictos y la confianza ciudadana.

Señaló que en los tribunales se atienden asuntos que marcan la vida cotidiana de miles de personas: procesos familiares, controversias mercantiles, demandas laborales, casos civiles y procedimientos penales. Explicó que el aumento presupuestal permitiría mejorar la capacidad de respuesta, reducir tiempos de resolución y mantener criterios claros en la aplicación de la ley.

Mery Ayup sostuvo que uno de los retos principales es garantizar que la administración de justicia se realice con transparencia y bajo principios de legalidad, sin perder de vista el sentido humano en las resoluciones. La propuesta quedará sujeta a revisión y discusión en comisiones legislativas, en el marco de la preparación del paquete económico para el próximo ejercicio fiscal.

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