Senado aprueba Ley de Amparo impulsados por Morena
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena, pese a críticas de oposición y defensores de derechos.
Con 76 votos a favor y 39 en contra, Morena y sus aliados aprobaron anoche la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese al rechazo de la oposición. El proceso, que incluyó apenas un par de audiencias públicas, fue criticado por su rapidez y falta de consulta, y ha generado controversia sobre el impacto que tendrá en la protección de los derechos ciudadanos y colectivos.
Los opositores, encabezados por PAN, MC y PRI, calificaron la modificación como regresiva, al considerar que debilita la suspensión de actos de autoridad y limita la admisión de juicios de amparo para colectivos. Senadores emecistas ironizaron al denominarla la "ley del desamparo", mientras que la priista Carolina Viggiano denunció presiones para eliminar un transitorio que hubiera favorecido la retroactividad de la reforma. Finalmente, el transitorio aprobado establece que los asuntos en trámite se continuarán conforme a las nuevas disposiciones.
Debate y confrontación en el Senado
Durante la sesión, se observó tensión entre legisladores. Los coordinadores de Morena, Adán Augusto López e Ignacio Mier, se acercaron al escaño del presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, en un momento de confrontación física leve, según reportes. Morena defendió que el objetivo de la reforma es fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano, cerrar resquicios que permiten abusos procesales y garantizar la seguridad jurídica sin limitar el acceso de colectivos que acrediten afectaciones efectivas.
El nuevo concepto de "interés legítimo" busca precisar que solo proceden juicios de amparo que generen un perjuicio real y diferenciable, evitando demandas basadas en intereses abstractos. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, sigue siendo un instrumento esencial, aunque se acotan los casos sensibles, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
Críticas de la oposición y riesgos para derechos colectivos
La senadora panista Guadalupe Murguía reprochó la prisa y los cambios improvisados, advirtiendo que la definición de interés legítimo continúa limitando la protección de colectivos. Puso como ejemplo la negativa de una autoridad a comprar vacunas, que sería difícil de impugnar bajo los nuevos criterios.
Por su parte, la priista Claudia Anaya subrayó que el juicio de amparo es un derecho humano fundamental y un aporte legal único de México, y consideró que la reforma da pasos regresivos en el espíritu garantista logrado hasta ahora. La aprobación ha desatado un intenso debate sobre la capacidad de los ciudadanos y colectivos de defenderse frente a actos de autoridad y la protección de derechos humanos en el país.
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