Senado alista endurecer penas por abuso sexual en México
El Senado prepara reformas para endurecer sanciones por abuso sexual, tipificar acoso como delito grave y permitir investigaciones de oficio, incluso sin denuncia.
En la sede del Senado de la República en Ciudad de México, legisladoras y legisladores anunciaron una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de aumentar sanciones por abuso sexual, homologar normas y facilitar la persecución penal.
Reforma prevista contra abuso y acoso sexual
La iniciativa presentada en el Senado establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no constituirán consentimiento. Se prevé también que la amenaza, la presión, la manipulación o coerción entren como agravantes. Bajo este esquema, el delito de abuso sexual podrá investigarse de oficio, sin necesidad de denuncia formal.
Según la propuesta, quienes cometan abuso sexual podrían enfrentar entre 3 y 7 años de prisión, además de multas y la obligación de participar en talleres con perspectiva de género o servicio comunitario.
Homologación nacional: un paso clave
La reforma busca que el abuso sexual y el acoso sean considerados delitos graves en todas las entidades federativas, cerrando vacíos legales derivados de la disparidad normativa estatal. Este esfuerzo forma parte del llamado Pacto de Xicoténcatl, un acuerdo entre autoridades federales y locales para armonizar leyes y asegurar protección efectiva.
Hasta ahora, 22 entidades ya han inscrito iniciativas locales para homologar el delito, mientras otras comenzarán procesos de análisis.
Contexto y significado político
La presentación de la reforma ocurre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), fecha simbólica que pone en foco la urgencia de fortalecer la protección legal de las mujeres en México. Legisladoras subrayan que esta reforma puede representar “un paso histórico” en la defensa de derechos y la erradicación de la violencia de género.
La búsqueda de igualdad, justicia, protección y legalidad se coloca como eje central en el debate, en un contexto donde distintas voces exigen respuestas contundentes frente a los altos índices de violencia sexual en el país.
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