Redada migratoria en Tallahassee deja 100 detenidos

Más de 100 migrantes fueron detenidos durante un operativo en una obra en Florida, generando polémica por la fuerza utilizada y sus implicaciones.

Un total de más de 100 migrantes provenientes de América Latina fueron arrestados el jueves 29 de mayo en una construcción en Tallahassee, Florida, durante una operación liderada por el HSI y el ICE, como parte de un esfuerzo para reforzar las leyes migratorias en Estados Unidos.

Tallahassee, Florida. En la mañana del jueves 29 de mayo, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron una redada migratoria en una obra de construcción de apartamentos ubicada cerca de la Universidad Estatal de Florida. La acción resultó en la detención de más de 100 migrantes indocumentados, algunos con antecedentes penales o deportaciones previas.

Los detenidos son originarios de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia, según informaron fuentes oficiales. El operativo fue ejecutado como parte de una política de refuerzo de las leyes migratorias que ha sido impulsada por autoridades estatales y federales en el marco de una colaboración intensificada.

La redada fue realizada en conjunto con la patrulla de carreteras de Florida, lo que evidencia un esfuerzo coordinado entre agencias estatales y federales. La presencia policial fue significativa, y varios trabajadores fueron sorprendidos mientras laboraban, generando escenas de tensión que quedaron registradas en video.

Activistas denuncian excesos y violaciones a derechos

La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denunció públicamente el operativo, publicando imágenes en redes sociales que muestran a los migrantes siendo sometidos a la fuerza y trasladados en vehículos policiales. En uno de los videos, se observa a una mujer llorando tras la detención de su esposo, escena que se viralizó rápidamente.

Organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por lo que consideran una creciente criminalización de los trabajadores migrantes, que a menudo son empleados en condiciones precarias y sin garantías legales. La FLIC advirtió sobre el impacto emocional y social que estas acciones tienen en las comunidades latinas en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó públicamente la acción. En un mensaje en la red social X (antes Twitter), afirmó que el operativo se alinea con las políticas promovidas por el gobernador Ron DeSantis y aseguró que estas acciones tienen como fin “detener, deportar y entregar resultados al pueblo estadounidense”.

La política migratoria de Florida bajo el liderazgo de DeSantis

Este operativo se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en estados gobernados por el Partido Republicano, especialmente Florida, donde se han incrementado las redadas y la aplicación estricta de leyes contra la inmigración ilegal. Desde la llegada de DeSantis al gobierno estatal, se ha promovido una postura de “tolerancia cero” hacia la migración irregular.

Las autoridades indicaron que esta operación es parte de un esfuerzo sistemático por hacer cumplir las leyes migratorias federales, en apoyo a la política de inmigración del expresidente Donald Trump, retomada por la actual administración estatal.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre el destino de los detenidos y la ausencia de declaraciones oficiales por parte de algunos gobiernos latinoamericanos, como la Cancillería de Colombia, ha generado incertidumbre sobre el futuro de muchos de los migrantes arrestados.

Más de 60 migrantes optaron por el retorno voluntario

Cabe señalar que el pasado 19 de mayo, al menos 60 migrantes indocumentados, incluidos 26 colombianos, decidieron retornar voluntariamente a sus países bajo el programa Proyecto de Regreso a Casa, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump. Esta alternativa busca evitar procesos legales complejos ofreciendo la opción de autodeportación.

Hasta el momento, se desconoce cuántos de los detenidos en el operativo del 29 de mayo podrían acogerse a ese mismo programa, mientras que organizaciones civiles continúan pidiendo garantías legales y transparencia en el tratamiento de los arrestados.

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