Prohíben discriminación en bares y endurecen permisos
El Congreso reformó la Ley de Alcoholes y Protección al Consumidor para evitar abusos y reforzó reglas para obtener permisos.
El Congreso reformó la Ley de Alcoholes y Protección al Consumidor para evitar abusos y reforzó reglas para obtener permisos.
El Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas a la Ley para la Regulación de la Venta y el Consumo de Alcohol y a la Ley de Protección al Consumidor, con el objetivo de prohibir actos de discriminación en restaurantes, bares y discotecas, y reforzar el proceso para otorgar las licencias municipales para la venta de bebidas alcohólicas.
Las modificaciones incluyeron ajustes en el Artículo 4, Artículo 14 y Artículo 19 Bis de la Ley de Alcoholes, así como disposiciones alineadas con la Ley de Protección al Consumidor, que ya prohíbe negar productos o servicios por razones de género, etnia, edad, orientación sexual o cualquier condición personal.
Discriminación en bares y antros, bajo lupa legal
En la exposición de motivos, se destacó que restaurantes, bares, cervecerías y discotecas figuran entre los establecimientos con más denuncias por discriminación. Las quejas refieren exclusión basada en color de piel, orientación sexual, sobrepeso, edad, discapacidad o condición social.
Ante ello, se estableció en la ley que quedará prohibido “permitir actos de discriminación en cualquiera de sus formas en contra de los clientes”, con el objetivo de asegurar un trato justo en todos los espacios comerciales donde se expenden bebidas alcohólicas.
Cabildo validará permisos para venta de alcohol
En otro punto clave, el Congreso reformó varios artículos de la Ley de Alcoholes para que la licencia municipal que permite operar negocios con venta de alcohol requiera la aprobación del Cabildo, órgano deliberativo y máxima autoridad del ayuntamiento.
Hasta ahora, la ley solo mencionaba que la autorización podía recaer en “la autoridad municipal respectiva”, sin precisar si esta debía ser el Cabildo o un funcionario como el titular de Alcoholes, Ingresos o Tesorería. Esta ambigüedad permitió omisiones en diversas administraciones locales.
“En algunos reglamentos se menciona al Cabildo, pero en otros no, lo que causa interpretaciones distintas”, argumentaron los legisladores.
Reforma busca mayor certeza jurídica
Con esta reforma, la ley exigirá que la certificación se apruebe por mayoría absoluta del Cabildo, lo que da mayor legalidad al procedimiento. El dictamen también refuerza la necesidad de cumplir con licencia de uso de suelo, autorización sanitaria y dictamen de protección civil, ya contemplados en la legislación vigente.
Además, se prevé la creación de reglamentos municipales específicos para garantizar que el proceso de certificación se realice de forma clara y pública.
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