PRI advierte espionaje con uso obligatorio de datos personales
PRI denuncia que la reforma de Morena permite el acceso gubernamental a datos personales y biométricos sin orden judicial, generando preocupación por la privacidad.
La nueva reforma impulsada por Morena permite al Gobierno acceder a datos biométricos y personales sin orden judicial, según denunció el PRI en San Lázaro.
El Gobierno federal tendrá acceso total a datos biométricos y personales de la ciudadanía sin necesidad de una orden judicial, gracias a una reforma impulsada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, denunció que estas modificaciones legales instauran un “régimen de vigilancia masiva” que pone en riesgo la privacidad de los mexicanos.
La nueva legislación permitirá al Estado recopilar, centralizar y vincular registros como compras, geolocalización en tiempo real, datos fiscales, médicos y bancarios con una CURP biométrica obligatoria, incluso desde el nacimiento.
Nueva CURP será requisito para servicios básicos
Según lo aprobado, esta CURP incluirá huellas digitales, iris, fotografía y otros rasgos biométricos, y será obligatoria para abrir cuentas bancarias, rentar inmuebles, comprar celulares, tomar vuelos, o usar plataformas digitales.
Moreira alertó que esta información se compartirá automáticamente entre la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad, e incluso podría ser accedida por gobiernos y empresas extranjeras mediante convenios.
Sin control judicial para vigilar comunicaciones e historial personal
A diferencia de la intervención telefónica que requiere una orden judicial, la recolección y consulta de estos datos personales no estará sujeta a supervisión judicial, señaló el líder priista.
“El Gobierno sabrá todo: dónde estás, qué compras, con quién hablas, qué padeces. Es un espionaje legalizado al estilo de las dictaduras del siglo pasado”, afirmó Moreira.
Polémica por riesgos a la privacidad y libertades civiles
Diversas organizaciones han comenzado a advertir sobre los riesgos de esta centralización, que abre la puerta a abusos de poder y vigilancia estatal masiva, sin los contrapesos judiciales adecuados. La aprobación ha desatado un intenso debate sobre derechos digitales, protección de datos y libertades civiles en México.
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