Presenta Jacobo Rodríguez controvertida propuesta para privatizar parcialmente el SIMAS
Alcalde señala estar en contra de privatizar servicios públicos pero SIMAS requiere de inversión privada señala
Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente municipal Carlos Jacobo Rodríguez González presentó públicamente una propuesta que ha generado debate e inquietud en diversos sectores de la sociedad: la posibilidad de establecer una sociedad con inversión privada para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), alegando que el organismo operador del agua se encuentra “en quiebra técnica” y requiere urgentemente de recursos para poder seguir funcionando.
Lo que más llamó la atención no fue sólo el contenido de la propuesta, sino la inconsistencia en el discurso del propio alcalde, quien por un lado afirmó estar “en contra de la privatización de los servicios públicos”, pero acto seguido defendió la idea de abrir el SIMAS a la inversión privada como una medida de “rescate financiero” que permitiría su modernización, autosuficiencia y rentabilidad a largo plazo.
Según explicó Rodríguez González, el esquema propuesto consistiría en una sociedad público-privada con una empresa aún no especificada, en la que el Municipio conservaría el 51% de participación accionaria, mientras que el 49% restante sería otorgado a la firma privada, misma que realizaría una inversión inicial para la rehabilitación integral de la planta tratadora de aguas residuales y otros aspectos de infraestructura.
El edil justificó esta estrategia asegurando que “el SIMAS está en números rojos” y que la planta tratadora, que genera más de 100 millones de pesos anuales, requiere intervenciones inmediatas para garantizar su operatividad. “Se trata de un proyecto con visión de largo plazo”, dijo, agregando que la duración del convenio con el ente privado sería de 15 años, período durante el cual se buscaría estabilizar el sistema, incrementar la eficiencia del servicio y asegurar una operación sustentable sin necesidad de subsidios públicos permanentes.
Discurso contradictorio y dudas no resueltas
A pesar de que el alcalde intentó presentar esta propuesta como un acto de responsabilidad y visión financiera, las contradicciones en su discurso han alimentado suspicacias entre diversos sectores. Para muchos ciudadanos, abrir la puerta a una empresa privada dentro del SIMAS equivale, de facto, a una privatización parcial del agua, un tema históricamente sensible y socialmente delicado en el país.
A nivel nacional, múltiples movimientos sociales han advertido durante años sobre los riesgos de privatizar el acceso al agua, y si bien la propuesta del edil no contempla una venta total del organismo, el hecho de otorgar un alto porcentaje del control operativo y financiero a una empresa privada ha generado alarma entre observadores, académicos y ciudadanos preocupados por la falta de transparencia en torno al proyecto.
¿Qué implica una concesión de 15 años?
Uno de los puntos que más ha inquietado es la duración de la propuesta: 15 años de participación privada, tiempo suficiente para comprometer futuras decisiones políticas y administrativas en torno al agua, uno de los recursos más estratégicos de cualquier ciudad. Una vez firmada una sociedad de este tipo, difícilmente podrá revertirse sin consecuencias legales o económicas para el municipio.
Además, la rentabilidad del proyecto para la empresa privada —que asumirá los costos de rehabilitación inicial— estaría basada, presumiblemente, en la recuperación de la inversión a través de tarifas, cobros por tratamiento o reventa de agua tratada, algo que podría repercutir directamente en el bolsillo de los ciudadanos a mediano plazo.
Reacciones en puerta
Si bien la propuesta fue apenas presentada de forma pública, ya empiezan a surgir voces críticas desde diferentes trincheras. Colectivos ciudadanos, regidores de oposición y académicos especializados en gestión hídrica han señalado la necesidad de un debate abierto, transparente y participativo, antes de que el cabildo apruebe o se formalice cualquier tipo de convenio.
Algunos sectores empresariales y asociaciones civiles han manifestado interés en conocer más a fondo la propuesta, aunque han pedido que no se acelere el proceso sin una amplia consulta social, dadas las implicaciones de largo alcance que una decisión de este tipo puede tener para el municipio.
Por lo pronto, la ambigüedad del discurso oficial y la escasa información técnica compartida hacen difícil evaluar objetivamente los beneficios y riesgos reales del proyecto. Más aún cuando la administración municipal enfrenta bajos índices de aprobación ciudadana, lo que incrementa el escepticismo generalizado sobre las decisiones estratégicas que se toman desde la alcaldía.
¿Una oportunidad o una puerta peligrosa?
La intención de rescatar y hacer viable al SIMAS es legítima, y la participación de capital privado en proyectos de infraestructura no es negativa por definición, siempre que esté bien regulada y orientada al beneficio público. No obstante, el contexto de opacidad, la falta de debate público y las contradicciones del alcalde al presentar la propuesta colocan a esta iniciativa en una zona gris donde más preguntas surgen que respuestas.
¿Quién será la empresa socia? ¿Qué pasará con las tarifas del agua? ¿Habrá despidos? ¿Qué pasa si no se cumplen las metas? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía?
La administración municipal tiene ante sí una oportunidad para demostrar visión y liderazgo responsable, pero también una enorme responsabilidad ética y legal, al manejar un recurso que no solo es un derecho humano, sino también la columna vertebral de la vida urbana.
Lo que está en juego no es solo un contrato, sino el modelo de ciudad que se quiere construir para las próximas generaciones.
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