Operativos de ICE en Texas desata ola de miedo y migración a Coahuila

Piedras Negras, por su ubicación estratégica frente a Eagle Pass, Texas, se ha convertido en uno de los municipios de Coahuila más impactados por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

El constante flujo de personas que intentan cruzar la frontera, la vigilancia intensificada y los operativos de detención en territorio estadounidense han generado un ambiente de tensión permanente en toda la región.

El vínculo geográfico y económico entre Eagle Pass y Piedras Negras implica que cualquier decisión tomada en Washington —especialmente bajo la actual administración federal estadounidense— tiene efectos casi inmediatos en esta franja del norte de Coahuila. La relación diaria entre ambas ciudades se ha visto afectada por las estrategias de control migratorio, que no sólo apuntan a frenar el cruce irregular de personas, sino que han comenzado a alterar dinámicas sociales, laborales y familiares a ambos lados del río Bravo.

Arrestos masivos, deportaciones rápidas

Entre el 4 y el 10 de mayo de 2025, una operación federal realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston —a menos de 500 kilómetros de la frontera con Coahuila— resultó en la detención de 422 migrantes indocumentados y la deportación inmediata de 528 personas. De los detenidos, al menos 296 tenían antecedentes penales por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o explotación infantil. Sin embargo, diversos testimonios y organizaciones civiles denuncian que estas redadas también alcanzaron a migrantes sin historial delictivo, lo que ha aumentado el miedo entre las comunidades latinas en Texas.

La presencia de ICE en ciudades como Eagle Pass se mantiene activa, aunque sin cifras oficiales públicas recientes. En junio, se reportaron redadas en centros de trabajo donde al menos cuatro personas fueron arrestadas por no contar con documentación migratoria. Mientras tanto, en Del Río —a una hora de Eagle Pass— un traficante de metanfetaminas fue sentenciado a 24 años de prisión tras una operación conjunta de ICE y la DEA. Esta coordinación entre agencias federales evidencia el enfoque punitivo que actualmente domina la política migratoria en la región.

Policías locales como brazo migratorio

Texas lidera a nivel nacional en la implementación del programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios en colaboración con ICE. Actualmente, 95 condados texanos tienen convenios activos bajo este programa, lo que representa el 14% del total nacional. Sólo en marzo de 2025, en el condado de Harris —que incluye a Houston— se emitieron 2,460 órdenes de deportación utilizando este mecanismo.

Aunque las autoridades estadounidenses aseguran que el programa está enfocado en personas con antecedentes penales, organizaciones civiles como ACLU y Texas Civil Rights Project han denunciado múltiples casos de detenciones por simple perfilamiento racial o por violaciones menores, como infracciones de tráfico. Esta situación ha contribuido a crear un clima de persecución y desconfianza, especialmente entre trabajadores migrantes sin historial criminal.

Condiciones inhumanas en centros de detención

Las condiciones en los centros de detención migratoria han generado fuertes críticas. En abril de 2025, un grupo de migrantes venezolanos detenidos en el Bluebonnet Detention Center, ubicado en Anson, Texas, formaron con sus cuerpos la palabra “SOS”, denunciando maltrato, aislamiento prolongado y una alimentación mínima basada en pan y lechuga. La protesta visibilizó el incumplimiento de normas básicas de custodia, que exigen al menos cinco horas semanales al aire libre para los detenidos.

Otro punto crítico es el South Texas ICE Processing Center, en San Antonio —a unos 300 km de Piedras Negras— que se ha convertido en un eje clave dentro del programa federal “hub and spoke”, diseñado para acelerar deportaciones. ICE ha confirmado que desde esta instalación se coordinan expulsiones hacia la frontera sur en periodos de 24 a 72 horas, muchas veces sin permitir que los detenidos contacten a abogados o a sus familias.

Impacto en Coahuila: retornos forzados y miedo generalizado

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses también ha provocado una ola silenciosa de retorno entre migrantes coahuilenses. Testimonios recabados por El Tiempo revelan que familias enteras han abandonado sus residencias en Estados Unidos ante el temor de ser arrestadas. Luis Serrano, originario de Monclova y residente en Los Ángeles desde hace más de una década, relató: “Algunos compañeros decidieron venirse antes de perder su residencia. Las nuevas políticas ponen en riesgo no solo a migrantes, sino a todos”.

Otro joven entrevistado dejó Ciudad Acuña para instalarse en Sabinas, mientras que una familia originaria de Monclova optó por regresar a Coahuila al ver que los operativos migratorios se intensificaban en Texas. El fenómeno del “retorno forzado por miedo” se extiende incluso a migrantes con residencia temporal o trámites en curso, que prefieren abandonar voluntariamente Estados Unidos antes que enfrentar la incertidumbre de una detención.

Resistencia y protestas sociales

El sábado 8 de junio de 2025, cientos de personas marcharon en Houston y San Antonio contra las redadas y la criminalización de las comunidades migrantes. Convocados por colectivos como Houston Unidos y RAICES, los manifestantes exigieron el fin de los operativos masivos y calificaron las políticas actuales como crueles e inhumanas. “Vivimos en estado de alerta. Hay vecinos que ya no abren la puerta ni a desconocidos”, declaró una organizadora al canal Univision.

En paralelo, el contexto laboral también se ha visto afectado. La organización Child Care Associates despidió a 327 empleados por recortes derivados de la disminución de fondos federales, mientras que RAICES, una de las principales defensoras legales de migrantes, despidió a 200 trabajadores en San Antonio.

Un futuro incierto en la frontera norte

Mientras la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump busca triplicar el número de arrestos diarios —pasando de 656 a 3,000—, comunidades como la de Piedras Negras seguirán resintiendo los efectos directos de una política migratoria que, lejos de considerar los matices humanos, responde a estrategias de contención masiva. La frontera norte de Coahuila, siempre dinámica, se enfrenta ahora a una etapa marcada por el miedo, la incertidumbre y el retorno forzado de quienes un día partieron en busca de una mejor vida.

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