OIT negocia nuevo convenio sobre riesgos biológicos laborales
Gobiernos, sindicatos y empresarios de 190 países se reúnen en Ginebra para definir nuevas normas laborales clave con impacto mundial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició este lunes en Ginebra su conferencia anual, donde representantes de más de 190 países buscarán aprobar un nuevo convenio sobre riesgos biológicos en el trabajo, así como debatir la regulación de plataformas digitales y la situación de los trabajadores marítimos, entre otros temas urgentes.
En la sesión inaugural de su conferencia anual, la OIT reunió este lunes en Ginebra a sindicatos, patronales y representantes gubernamentales de más de 190 Estados miembros. Durante las próximas dos semanas, se negociará un nuevo instrumento legal internacional para proteger a trabajadores expuestos a riesgos biológicos, como agentes patógenos, productos nocivos o desechos tóxicos.
Este nuevo convenio busca atender a quienes laboran en sectores vulnerables como la medicina, la investigación científica, el procesamiento de alimentos y otras actividades con exposición directa a microorganismos peligrosos.
Las partes deberán acordar el alcance del convenio, los sectores que abarca y qué perfiles laborales serán específicamente protegidos. De lograrse el consenso, se convertirá en un referente global en protección laboral, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La negociación ocurre en el marco de un creciente interés por reforzar los derechos laborales ante amenazas emergentes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que evidenció las lagunas normativas en la salud ocupacional global.
Trabajo en plataformas digitales entra al debate mundial
Uno de los temas más esperados de esta conferencia es el inicio de las discusiones para crear normas sobre el trabajo decente en plataformas digitales. Este sector, que incluye a millones de personas trabajando de forma remota para empresas y clientes en otros países, carece de regulación internacional.
La OIT recopiló recientemente respuestas de los países miembros a un cuestionario sobre esta temática, obteniendo la mayor participación en su historia. El alto interés sorprendió incluso a los expertos del organismo.
Se busca establecer derechos básicos y condiciones mínimas para quienes laboran en servicios digitales, muchos de los cuales hoy enfrentan precariedad, inseguridad jurídica y falta de protección social.
Este esfuerzo responde a una necesidad creciente de actualizar el marco normativo internacional frente a nuevas formas de empleo que desafían las estructuras tradicionales.
Protección para marinos y revisión del presupuesto, en agenda
La OIT también abordará la actualización de la Convención sobre el Trabajo Marítimo (2006) para garantizar a los trabajadores del mar permisos efectivos en tierra y mecanismos para prevenir la violencia y el acoso sexual a bordo de embarcaciones.
Además, se debatirá el presupuesto bienal 2026-2027, una discusión que se anticipa tensa tras los recortes de financiación por parte de Estados Unidos.
La contribución estadounidense representaba el 22% del presupuesto de la OIT. Con la incertidumbre actual, China y Japón pasarían a ser los principales contribuyentes. El presupuesto propuesto asciende a 880 millones de dólares, el mismo que en el bienio anterior.
Gilbert Houngbo, director general de la OIT, confirmó que se enviará la factura completa a EE.UU., aunque si no se recibe el pago, el presupuesto será reconsiderado y podrían aplicarse recortes estructurales.
La OIT se reestructura ante el posible déficit
Como medida preventiva, la OIT ha iniciado un proceso de reestructuración interna que contempla la reducción de 200 puestos laborales de sus 3,600 colaboradores, mediante un programa de separación voluntaria.
También se contempla la relocalización de personal a países con menor costo de vida, aunque el núcleo operativo se mantendrá en Ginebra.
Este ajuste presupuestario busca asegurar la continuidad de los programas esenciales del organismo, sin comprometer sus funciones principales en materia de normas laborales internacionales.
La situación pone en evidencia la dependencia financiera de organismos multilaterales respecto a ciertos países miembros, así como la necesidad de diversificar fuentes de financiamiento.
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