Norma Piña extingue oficina clave en la SCJN
La SCJN reestructura su administración financiera tras la reforma judicial, eliminando la Tesorería y transfiriendo sus funciones a otras direcciones.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó la eliminación de la Dirección General de la Tesorería, como parte de un proceso de reestructuración interna derivado de la reforma judicial y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Mediante un acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la ministra presidenta de la Suprema Corte explicó que la extinción de fideicomisos por mandato del Congreso ha provocado una reducción significativa de funciones en la Dirección General de la Tesorería, lo cual justificó su desaparición.
Los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que sumaban 10 mil 260 millones de pesos, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, afectando directamente las facultades administrativas de la oficina eliminada, que gestionaba pensiones complementarias y apoyos médicos para personal judicial.
La ministra Norma Piña argumentó que esta medida busca optimizar procesos financieros, fortalecer el control presupuestal y adaptarse al nuevo esquema operativo derivado de la reforma, que contempla la creación de un Órgano de Administración Judicial.
Las funciones que tenía esta Dirección fueron redistribuidas entre la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección General de Recursos Humanos, responsables ahora de ejecutar las obligaciones médicas y de pensiones del personal activo y jubilado.
Reforma judicial impulsa reestructuración operativa
El acuerdo enfatiza que esta transición pretende reducir tiempos de gestión, mejorar la transparencia y potenciar la coordinación institucional entre las áreas responsables del manejo financiero del máximo tribunal del país.
La decisión se alinea con lo establecido en el artículo transitorio décimo del Decreto de reforma al Poder Judicial, que ordenó la extinción de fideicomisos y la entrega de sus recursos al erario federal, garantizando que se continúe cubriendo las prestaciones con presupuesto público directo.
La Dirección General de la Tesorería tenía entre sus responsabilidades la administración y supervisión de los apoyos económicos del plan de prestaciones médicas, autorizados por el Comité respectivo, así como las pensiones complementarias respaldadas anteriormente por fideicomisos.
Al desaparecer esa figura, la SCJN busca una estructura más simplificada, que facilite la transición al nuevo esquema administrativo que tomará forma en cuanto el Órgano de Administración Judicial entre en funciones.
Transparencia y control, objetivos clave de la SCJN
El documento oficial señala que la redistribución permitirá integrar un sistema unificado para la ejecución del presupuesto, promoviendo mayor claridad en el uso de los recursos públicos asignados al Poder Judicial.
Norma Piña reafirmó el compromiso de la SCJN con los derechos adquiridos de su personal y aseguró que, a pesar del cambio institucional, los apoyos médicos y pensiones seguirán siendo garantizados por las nuevas áreas responsables con los fondos provenientes del presupuesto aprobado anualmente.
Además, se contempla que el Órgano de Administración Judicial reciba las responsabilidades operativas de la Oficialía Mayor y sus direcciones generales, consolidando así la centralización administrativa del Poder Judicial.
Con esta acción, la SCJN da un paso más hacia la implementación integral de la reforma judicial aprobada en 2023, cuya aplicación continúa en curso y representa uno de los cambios estructurales más significativos en el sistema de justicia mexicano.
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