No Hagas Cosas Buenas… Esta vez no tan fácil

Hay sin lugar a duda una crisis en la actualidad que pudiese ser un punto de inflexión en cuanto al control absoluto que tiene la Cuarta Transformación desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Los paros de transportistas y agricultores en México reflejan una crisis que por más retórica recurrida, culpar al pasado ya no puede ignorarse: inseguridad en las carreteras, precios injustos para el maíz, dependencia de importaciones de Estados Unidos, tensiones por la prohibición del maíz transgénico; aunado a la disputa por la nueva Ley de Aguas. Todo ello configura hoy un escenario de alta conflictividad social y económica.  Desde el pasado 24 de noviembre de 2025, transportistas y agricultores iniciaron bloqueos en más de 20 estados del país.

Los transportistas reclaman seguridad en carreteras, denunciando hasta 80 robos diarios de unidades de carga. En tanto, los agricultores de maíz rechazan el precio piso de 6,050 pesos por tonelada ofrecido por la Secretaría de Agricultura, exigiendo 7,200 pesos para cubrir costos que han aumentado más de 50% en cinco años.Actualmente, México importa más del 90% del maíz amarillo desde Estados Unidos, con un récord de 24.5 millones de toneladas en 2025, valorado en cerca de 18 mil millones de dólares. El precio de importación ronda entre 3,300 y 4,000 pesos por tonelada, muy por debajo de los costos de producción nacionales (superiores a 5,500 pesos) aducen los productores.Como es natural, la diferencia de precios entre el maíz estadounidense que “inunda” el mercado mexicano, presiona a la baja los ingresos de los productores locales.Los agricultores mexicanos señalan que los granjeros estadounidenses reciben fuertes subsidios por parte de su gobierno, que alcanzaron en el presente año un monto 7.9 mil millones de dólares en apoyos a productores de maíz, soja y trigo. Además, se aprobaron 10 mil millones de dólares en subsidios de emergencia por bajos precios. Estos apoyos obviamente permiten a los productores norteamericanos vender a precios más bajos, mientras que en México los agricultores enfrentan costos sin respaldo equivalente.Encima de todo ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo como todo el credo que le ha dictado López Obrador, en marzo de 2025 se estableció en la Constitución usando una vez más su mayoría calificada, la prohibición de sembrar maíz transgénico en México. Supuestamente en aras de proteger la biodiversidad y el patrimonio cultural del maíz, la medida ha generado tensiones, ya que los norteamericanos sí tiene acceso a las semillas genéticamente modificadas que reditúan en cosechas más abundantes y, por lo tanto, con mayor productividad. El debate de las consecuencias a la salud por usar transgénicos parece hoy no tener sustento alguno para los que lograron imponer su prohibición en suelo mexicano. Además, parece que los genios de Morena y esbirros todos del expresidente, no tomaron en cuenta que México solo produce 41% de lo que consume, muy por debajo del mínimo recomendado por la FAO (70-75%), lo que profundiza la dependencia de importaciones, aumentando la vulnerabilidad frente a presiones comerciales de Estados Unidos. Encima a la problemática del maíz, en la Cámara de Diputados actualmente se está discutiendo una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que busca que solo el gobierno federal otorgue concesiones y frenar la transmisión de títulos entre particulares. Lo cual genera entre agricultores y concesionarios temor de perder control sobre los pozos de riego, lo que ha provocado que se sumen a los bloqueos y protestas de los propios agricultores y transportistas. El debate parece que irremediablemente enfrenta dos visiones: garantizar acceso equitativo al agua como derecho humano, versus mantener la seguridad jurídica de quienes ya poseen concesiones.Habrá de tenerse mucho cuidado en este tema, no le va a ser tan fácil al gobierno imponer de una su visión como lo hicieron con la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, porque al final de cuentas no afectaba a patrimonio directo de miles de personas formalmente. Cuando muchos derechos laborales.Los agricultores son los mismos que tienen las concesiones. De antemano por supuesto como lo expresó la presidenta, debe haber algunos acaparadores de agua que se aprovechan para conseguir lucros indebidos. Hoy el gobierno tiene otros instrumentos para controlar esos abusos, tiene a los jueces comiendo de su mano, para evitar los amparos de antaño que tanto irritaban a Andrés Manuel López Obrador, claramente no es necesario modificar de tal forma la ley de aguas, a menos que quieran seguir alimentado su apetito de destrucción institucional, que tan proclives han sido en los últimos años.Sin embargo, los paros son la expresión de un sector atrapado entre la inseguridad, la competencia desigual con Estados Unidos, la defensa de su biodiversidad y la disputa por el agua, y que de seguirse organizando para los bloqueos que han estado realizando, no permitirá que esta vez las cosas marchen sin consecuencias para el gobierno tan fácilmente.  

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