Niegan suspensión de cuentas a marino implicado en huachicol fiscal
Un juez federal negó el amparo solicitado por el capitán implicado en la red de huachicol fiscal, dejando congeladas sus cuentas bancarias mientras continúan las investigaciones.
Un juez de Distrito desechó este 3 de diciembre de 2025 la suspensión provisional para Humberto Enrique López Arellano, capitán de navío detenido por su presunta participación en una red de huachicol fiscal; la decisión se tomó en la Ciudad de México, pues el militar no acreditó el interés jurídico requerido.
Juez rechaza amparo y mantiene bloqueo a cuentas bancarias
Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por López Arellano para evitar el aseguramiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según la resolución del titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, el capitán no acreditó el interés jurídico necesario para acceder a la medida cautelar.
El expediente forma parte de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de huachicol fiscal que habría operado con la complicidad de miembros de la Secretaría de Marina‑Armada de México (Semar).
Antecedentes del caso: acusaciones por huachicol fiscal
Las autoridades acusan a López Arellano de simular revisiones a buquetanques, lo que habría facilitado la descarga de combustible ilícito.
De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2024 habría recibido ingresos por 13.6 millones de pesos a través de contratos con la Semar y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra al menos a 14 personas marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios, señaladas por la FGR como responsables de contrabando de hidrocarburos.
Implicaciones jurídicas y transparencia
La negativa judicial evidencia que, al menos por ahora, la UIF mantiene el aseguramiento de bienes sin que los acusados logren revertirlo. Esto refuerza la presión legal sobre los involucrados en lo que se denomina huachicol fiscal.
Para evitar suspensiones cautelares, los acusados deberán demostrar un interés jurídico claro, un requisito que en este caso no fue acreditado.
Además, el fallo contribuye al escrutinio público sobre posibles redes de corrupción en aduanas y puertos, así como a la rendición de cuentas sobre la supuesta participación de miembros de instituciones militares en el contrabando de combustible.
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