México respeta tratados en casos de menores infractores

Aunque el debate social sobre cómo deben ser juzgados los adolescentes infractores sigue vigente, el marco jurídico mexicano respeta los tratados internacionales sobre los derechos del menor, estableciendo procedimientos diferenciados para quienes no han alcanzado la mayoría de edad. Sandra Chuey, presidenta de la Barra de Abogados de Piedras Negras, explicó que los menores no pueden ser procesados como adultos, incluso en casos de delitos de alto impacto, debido a su incapacidad jurídica para comprender totalmente las consecuencias de sus actos.

El tratamiento legal de los adolescentes en conflicto con la ley en México está regulado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual establece criterios distintos a los aplicables a adultos. Esta ley está alineada con diversos tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que México ha ratificado y está obligado a cumplir.

De acuerdo con la abogada Sandra Chuey, el principio rector es el de interés superior del menor, lo que implica garantizarle un proceso justo, rápido y adaptado a su edad, evitando castigos desproporcionados. “El menor no cuenta con la madurez legal para comprender completamente las consecuencias de sus actos. Por eso, el proceso penal para adolescentes debe centrarse en la reinserción social y no en la sanción ejemplarizante”, subrayó.

Máxima pena para un menor: cinco años

La ley mexicana establece que la pena máxima que puede recibir un menor de edad es de cinco años, incluso si ha cometido un delito grave, como homicidio, secuestro o delitos relacionados con el crimen organizado. Estas sanciones no se cumplen en prisiones comunes, sino en centros especializados de internamiento para adolescentes, con condiciones orientadas a la educación, reintegración y supervisión psicológica.

Además, los plazos procesales para adolescentes son más cortos que en los procesos penales ordinarios. Esto busca evitar dilaciones que perjudiquen al menor y acelerar su proceso de rehabilitación.

Requisitos para la defensa legal de menores

Un aspecto fundamental en el proceso es la defensa legal. La presidenta de la Barra de Abogados de Piedras Negras destacó que no cualquier abogado puede representar a un menor infractor. El defensor debe contar con formación especializada en derecho penal juvenil, con conocimientos específicos sobre las normas que rigen el tratamiento de menores.

“El abogado defensor debe estar certificado en la materia, porque no se trata solo de aplicar el código penal, sino de entender el contexto psicosocial del adolescente, su entorno familiar, escolar y sus condiciones de vida”, explicó Chuey.

Tratados internacionales respaldan la protección del menor

México es firmante de diversos instrumentos internacionales que garantizan la protección de los derechos humanos de niños y adolescentes, entre ellos:

• Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)

• Reglas de Beijing (Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia juvenil)

• Directrices de Riad (Prevención de la delincuencia juvenil)

Estos tratados obligan a los Estados parte, como México, a proveer un sistema judicial especializado que asegure la no discriminación, el derecho a la educación, la salud y la protección de la dignidad del menor infractor.

Opinión pública y desafíos del sistema

Pese a lo establecido en la ley, persisten en la opinión pública demandas para que los menores que cometen delitos graves sean juzgados como adultos. Sin embargo, expertos en derechos humanos y justicia penal señalan que esto va en contra de los principios constitucionales e internacionales que protegen a la niñez.

“Juzgar a un menor como adulto no reduce la criminalidad, sino que viola sus derechos y perpetúa ciclos de violencia y marginación”, apuntó Chuey. Agregó que el sistema debe enfocarse en atender las causas estructurales que llevan a los menores a delinquir, como la pobreza, el abandono familiar, el consumo de drogas y la falta de oportunidades educativas.

Centros especializados en Coahuila

En el estado de Coahuila, los adolescentes en conflicto con la ley son canalizados a centros especializados de internamiento, bajo la supervisión del Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes. Estos centros trabajan en coordinación con áreas de salud, psicología, trabajo social y educación para ofrecer a los internos programas de reinserción social.

Las autoridades estatales han reforzado los protocolos para que los procesos sean ágiles, transparentes y garanticen el respeto a los derechos del menor, en cumplimiento con las disposiciones federales e internacionales.

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