Más de 60 personas han cambiado legalmente de sexo en Coahuila
Más de 60 personas han cambiado legalmente de sexo en Coahuila en 2025. El proceso es accesible, sin intervención judicial, y refleja la identidad de género.

El trámite es definitivo, accesible, no requiere juicio y puede realizarse en las brigadas de Mejora.
Saltillo, Coahuila, 19 de octubre de 2025.- En lo que va del año, tan solo en las brigadas de Mejora Coahila se han tramitado alrededor de 60 cambios de sexo, sin contar los que se realizan directamente en las instalaciones centrales, informó la directora del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez.
El trámite, explicó la funcionaria, no requiere intervención judicial, tiene un costo que varía entre 250 y 1,000 pesos y las solicitudes corresponden a personas que buscan reflejar legalmente su identidad de género como hombre o mujer, y en menor proporción, como no binario.
Trámite legal y accesible
El proceso inicia con la presentación de una solicitud oficial, acompañada de la documentación requerida. Los solicitantes deben asistir también a una plática informativa obligatoria, donde se explican los alcances legales del cambio en el acta de nacimiento.
“Es importante que la persona esté completamente segura, porque después de firmado el documento, el cambio queda asentado de forma permanente”, añadió la funcionaria.
Torreón registra cinco trámites en una semana
La funcionaria explicó que ese tipo de trámites son hasta cierto punto comunes y tan solo la semana pasada, en el municipio de Torreón, se llevaron a cabo cinco, como parte del servicio ordinario del Registro Civil.
Según los registros, los trámites se concentran en zonas urbanas, donde existe mayor acceso a la información y visibilidad sobre la diversidad de género. El procedimiento, al no requerir juicio ni peritajes médicos, resulta más accesible para la población.
Marco legal y contexto en Coahuila
Desde 2019, Coahuila permite el reconocimiento legal del género autopercibido, sin necesidad de intervención médica o judicial. El estado fue uno de los primeros del país en establecer un procedimiento exclusivamente administrativo para modificar nombre y sexo en actas de nacimiento.
Estas acciones forman parte de las políticas estatales para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, al eliminar obstáculos legales que antes impedían el reconocimiento de su identidad.
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