Marinos y militares, responsables de la seguridad en los estados, ¿van por las fiscalías?

La apuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora de Claudia Sheinbaum, de impulsar perfiles castrenses al frente de las secretarías de Seguridad estatales no ha funcionado; pese a ello, se evalúa “militarizar” las fiscalías. De 2022 a 2025, una docena de estados gobernados por Morena –Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Oaxaca– designaron a generales del Ejército o capitanes de la Marina como supuesta muestra de “mano firme”. 

El discurso federal presume una baja de 32% en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero la percepción ciudadana sigue en rojo. En septiembre, 63% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su ciudad (frente a 58.6% de hace un año) y las urbes con mayor sensación de miedo fueron Culiacán e Irapuato.

Los datos de victimización tampoco avalan un punto de inflexión. La ENVIPE 2025 reporta que 75.6% de la población percibe inseguro vivir en su entidad; es un nivel incluso mayor al de 2024. Esto significa que la narrativa oficial de “menos homicidios” y reducción de delitos coexiste con más gente que se siente insegura, una brecha que explica por qué las encuestas castigan la estrategia aun cuando ciertos indicadores muestran alivios parciales.

En el terreno, el contraste es más claro. Sinaloa vive su peor crisis de violencia en años por la guerra entre facciones del crimen organizado; los asesinatos, desplazamientos y ataques a policías desmintieron la promesa del relevo militar. Michoacán enfrenta una hecatombe tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que se suma a los seis anteriores, y la del líder limonero Bernardo Bravo que se suma a los más de 2 mil homicidios en los últimos 21 meses. Tabasco, con sacudidas políticas y detenciones de exjefes de seguridad, reporta picos de violencia; Sonora y Chiapas enfrentan el recrudecimiento en sus fronteras. En general, las plazas calientes siguen siendo calientes, con o sin mando castrense.

Es cierto que el primer semestre del 2025 luce, a escala nacional, con el promedio más bajo desde 2016, pero el registro del Ejecutivo también reconoce una concentración territorial alarmante. Un puñado de estados –Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán– acumulan casi la mitad de los asesinatos. Colima mantiene la tasa más alta del país en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al duplicar el promedio nacional, mientras que Guerrero ha registrado una reducción sostenida de homicidios dolosos —alrededor de 12% en el último año—, aunque sigue entre las entidades con alta incidencia nacional.

Con ese telón de fondo, la siguiente ofensiva política apunta a las fiscalías. El año pasado, Guerrero marcó un precedente al designar al coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda, de la Justicia Militar, como fiscal general. Fue la primera “fiscalía castrense” del país y anticipó la intención de alinear a los fiscales estatales con la estrategia federal.

Los periodos de otros fiscales estatales vencen en 2025 y 2026: Irving Barrios en Tamaulipas concluye este diciembre; Guanajuato opera con un titular provisional; Sinaloa tiene nueva fiscal desde finales de agosto, pero se tambalea con la crisis que se vive en el estado. 

A esa lista se suman Zacatecas, Yucatán, Puebla y Campeche, cuyos fiscales también verán vencer su periodo el próximo año. En Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco termina en 2026; en Yucatán, Juan Manuel León León concluye su mandato en 2026; en Puebla, Gilberto Higuera Bernal podría dejar el cargo en 2026 tras haber sido ratificado parcialmente en 2023; y en Campeche, Jackson Villacís Rosado, designado en 2024, enfrenta evaluación y posible relevo el próximo año. Todos ellos forman parte de una ventana de sustituciones que podría facilitar al gobierno federal proponer perfiles afines a la estrategia de seguridad, en un contexto donde los resultados de la militarización siguen siendo, en el mejor de los casos, modestos y desiguales.

El problema es estructural. Las secretarías de Seguridad, militares o civiles, previenen y contienen; las fiscalías investigan y judicializan. Si la primera capa no ha reducido la violencia en Sinaloa, Michoacán, Sonora, Tabasco o Chiapas, y la percepción de inseguridad sigue arriba de 60%, trasladar la lógica militar a los ministerios públicos no resolverá la impunidad.

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