María Guadalupe, mujer otomí, enfrenta hasta 50 años de cárcel en Edomex
María Guadalupe Martínez, mujer otomí del Estado de México, enfrenta hasta 50 años de cárcel tras denuncias que ella y su familia consideran injustas.
La vida de María Guadalupe Martínez, madre indígena de Temoaya, ha sido marcada por denuncias judiciales que la podrían condenar a 50 años de prisión, pese a la falta de pruebas contundentes y a la ausencia de intérprete en su lengua materna durante el proceso.
Una madre indígena frente a la justicia
María Guadalupe Martínez, de 48 años, vive desde hace más de un año con un brazalete electrónico que limita sus movimientos a un rango de 500 metros en Temoaya, Estado de México. Las marcas moradas y rojas que deja el dispositivo en su pierna izquierda son un recordatorio constante de su situación.
La mujer asegura que su proceso judicial comenzó tras intentar obtener una pensión alimenticia para sus hijos en 2021, nueve años después de separarse de su excompañero. A partir de ese momento, la pareja actual de su ex presentó múltiples denuncias en su contra por abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro, que podrían llevarla a cumplir 50 años de cárcel.
Procesos judiciales con irregularidades
Durante los casi cuatro años de juicio, Martínez afirma que sus pruebas de defensa han sido desechadas y que nunca contó con un intérprete de otomí para comprender las acusaciones en su lengua materna. Además, denuncia la ausencia de perspectiva de género e interculturalidad en su caso, elementos fundamentales para su defensa como mujer indígena.
La familia de Guadalupe sostiene que las denuncias carecen de sustento, que las fechas de los señalamientos no coinciden y que algunas pruebas, como heridas, son autoinfligidas, según peritos. Aun así, el Estado parece priorizar la acusación sobre la investigación, argumentan sus allegados.
La detención irregular
El 4 de julio de 2022, Guadalupe fue interceptada fuera de su casa por varias personas y trasladada sin explicación a la Fiscalía de la Mujer en Toluca, y luego al penal de El Altiplano. Durante el arresto, ni ella ni su familia fueron informados de las acusaciones en su contra, generando un proceso lleno de incertidumbre y miedo.
Impacto en la familia y los hijos
Mientras Guadalupe cumple las restricciones del brazalete y enfrenta procesos judiciales, sus hijos dependen de sus abuelos y tíos. La familia denuncia que los menores han sufrido problemas de salud y estrés debido a la situación. Además, su expareja no ha contribuido a la manutención de los niños y ha renunciado a ejercer la custodia.
Llamado a la justicia
“Nosotros estamos luchando contra el Estado, ya no contra la presunta víctima”, afirma Cecilia Martínez, hermana de Guadalupe. La familia exige una investigación justa que considere la interculturalidad, los derechos de las mujeres y la evidencia real, para que Guadalupe pueda recuperar su vida y sus hijos puedan vivir con tranquilidad.
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