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Lula llega a Buenos Aires para visita inédita a Cristina Kirchner

Lula visita a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria en Buenos Aires el 3 de julio, tras aprobación judicial con estrictas condiciones vecinales.

Lula da Silva
Agencias
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La justicia argentina aprobó que el presidente Lula visite a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria este 3 de julio, bajo estrictas condiciones de convivencia vecinal.

La justicia argentina autorizó que el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visite el próximo jueves 3 de julio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria por corrupción, en su residencia de Buenos Aires, con restricciones para no afectar la tranquilidad del vecindario.

El juez Jorge Gorini autorizó la visita de Lula a Kirchner en su domicilio de la capital argentina, con el requisito de que se respete el "estricto cumplimiento" de normas para no perturbar la paz del vecindario. El fallo judicial fue difundido por la agencia AFP y detalla que la reunión se realizará en el contexto del viaje de Lula a Buenos Aires para asistir a la cumbre del Mercosur.

Contexto político y judicial de la visita

Lula arribará a Buenos Aires la tarde del martes 2 de julio y se mantendrá en la ciudad hasta la tarde del jueves 3, cuando regresará a Brasil. Durante su estadía, asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur, pero no sostendrá reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei.

Esta visita ocurre mientras la Cámara Federal de Casación Penal revisa el beneficio de prisión domiciliaria y el uso de tobillera electrónica concedidos a Kirchner. La sala IV de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, fijó una audiencia para el lunes siguiente para evaluar estos beneficios, así como el régimen de visitas restringidas que actualmente aplica.

Impacto y vigilancia judicial

El juez Gorini recalcó que la visita debe realizarse bajo un marco de respeto estricto a las reglas de convivencia, prohibiendo cualquier comportamiento que pueda alterar la tranquilidad o la convivencia pacífica de los vecinos.

Este pronunciamiento se da en medio de un proceso judicial complejo para la exmandataria, quien permanece bajo prisión domiciliaria tras ser condenada por casos de corrupción, y que continúa en revisión por instancias superiores.

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