Libertad de expresión y nuestra constitución

Si ingenuamente suponíamos que podría haber un replanteamiento para las injustas sentencias que violan la libertad de expresión de ciudadanos, hoy vemos que éstas han sido ratificadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigió que se cumpliera la sentencia en contra de la ciudadana Karla Estrella.

Esto marca un peligroso precedente.
La presidenta Sheinbaum no se cansa de decretar que en México no hay censura, que eso “era antes”.
Sin embargo, toda la fuerza del estado cayó encima de las ciudadanas Karla Estrella y de Laisha Wilkins por sus comentarios en redes sociales. En Campeche una jueza ratificó el castigo para el periodista Jorge González Valdez, a quien le impuso un censor que debe revisar cada texto que redacta y cada opinión que exprese, además de vigilar su vida cotidiana para evitar que éste no cometa el delito de mencionar el nombre de la gobernadora Layda Sansores.
La presidenta Sheinbaum se manifestó durante la mañanera del jueves 17 en contra de la sanción contra Karla Estrella, pero son miembros de la 4T quienes han estado promoviendo estas sanciones.
Además, las autoridades del ámbito electoral sólo tienen competencia para sancionar agresiones verbales cuando estas puedan incidir de forma directa en el resultado de una elección, y por tanto, deben abstenerse de calificar y castigar los significados de tipo moral o subjetivo, -como lo es la violencia política de género-, o los temas de reputación, que en todo caso serían competencia de jueces del fuero común.

El ámbito de acción del INE y el TEPJF es la salvaguarda de la “equidad electoral”, únicamente.
¿Será que tanto los magistrados del TEPJF, como los jueces de Campeche, no saben que ninguna ley particular, -como lo es la legislación electoral, por ejemplo-, puede contravenir ninguno de los 136 artículos y los 19 transitorios que componen la Constitución Mexicana?
El artículo 7 de nuestra Constitución define que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o particulares, ni establecer censura previa”.
Por tanto, el TEPJF violó nuestra Constitución al reprimir la libertad de expresión de las dos ciudadanas ya mencionadas, lo mismo que la jueza que impuso un censor al periodista campechano Jorge González Valdez, así como también el Instituto Electoral de Tamaulipas que demandó al periodista Héctor de Mauleón y al periódico El Universal por un artículo publicado que evidenciaba un problema local. Además, el Instituto Electoral de Puebla también dio curso a una demanda en contra de la periodista Rubí Soriano, señalada por una diputada morenista por violencia política de género.
Hoy los funcionarios públicos y los políticos se asumen como víctimas de la ciudadanía, para evadir su responsabilidad en la “rendición de cuentas”, a la que están obligados, así como para esconder conductas que contravienen a la ética.
Cualquier servidor público y todo aquel que administre recursos públicos, -o utilice la autoridad que le confiere un cargo público-, debe estar dispuesto a ser cuestionado por cualquier ciudadano.
Significativo acto de prepotencia fue la humillación ejercida en contra del ciudadano Carlos Vázquez, quien fue llevado al Senado por el senador Gerardo Fernández Noroña para disculparse de forma vergonzosa por haber propiciado un altercado que sostuvieron ambos en una sala VIP del aeropuerto de la Ciudad de México.

Hoy políticos y servidores públicos se victimizan y recurren a autoridades exigiendo castigo en contra de ciudadanos.
Sin embargo, la libertad de expresión es un derecho totalmente ciudadano, creado para proteger a éste frente a quienes ejercen poder y autoridad gubernamental y abusan de ella. Por supuesto que quien ejerce poder no requiere protección, -y por ello, cuando la solicita a las autoridades competentes y la recibe-, ejerce violencia y represión en contra de la parte vulnerable, que es el ciudadano.
A la fecha no ha habido ninguna autoridad que defienda a las víctimas que han sido despojadas de su derecho a la libertad de expresión, garantizado por el Artículo 7 de nuestra Constitución Política y eso es muy grave, pues los abusos tolerados de modo cotidiano generan prácticas que se convierten en costumbre. Pisoteada la libertad de expresión y violentado el “Estado de derecho”, desaparece la democracia.
Las instituciones civiles con fuerte presencia mediática son las que deben asumir la defensa de los derechos ciudadanos. Es la misma sociedad la que debe asumir su propia defensa, pues si no lo hace, ya no habrá a quien recurrir.

El tratamiento de adicciones en los "anexos"
Es una irresponsabilidad gubernamental que el tratamiento de adicciones para los sectores populares sea realizado en locales irregulares, particulares, denominados “anexos”, sin la participación de especialistas y profesionales médicos que den soporte al proceso curativo.
El tema de las adicciones, hoy se considera un grave problema de salud pública, en una época donde las sustancias prohibidas por la ley empiezan a consumirse a edad más temprana. Sin embargo, esta problemática no está siendo atendida con responsabilidad por las instituciones gubernamentales, de acuerdo a los riesgos actuales.
En contraste, el tratamiento de adicciones en las clínicas particulares de alto costo cuenta con una infraestructura profesional, que garantiza la rehabilitación.
Los “anexos” son clínicas privadas que atienden a alcohólicos de bajos recursos, siempre y cuando los familiares hagan aportaciones económicas. Las cuotas que se aportan son modestas, pero forzosas.
Quizá la intención de quienes crean estas unidades de apoyo sea bienintencionada. Sin embargo, la forma de operar en muchos de estos lugares carece de lo básico, pues se realiza en el hacinamiento total, de forma tan improvisada que llega a ser violenta por parte de los cuidadores.
Abundan humillaciones, violaciones a derechos humanos básicos e incluso golpes, y a veces llegan a cometerse graves delitos en contra de los internos.
Un altísimo porcentaje de quienes están en “rehabilitación” es retenido en el anexo en contra de su voluntad. Son enclaustrados por sus familiares, por lo que difícilmente se logrará la recuperación.
En contraste, ésto sí sucede en organizaciones donde el adicto llega por su propia voluntad, convencido. En “Alcohólicos Anónimos” el proceso inicia con el deseo de la persona de superar su adicción.
Todo tratamiento de adicciones implica una fuerte crisis física y emocional mientras el organismo del paciente se acostumbra a no recibir la sustancia adictiva, ya sea alcohol o droga.

Durante estas crisis el acompañamiento médico profesional es fundamental.

Sin embargo, en los anexos el paciente debe superar la crisis sin apoyos, sometido a la disciplina impuesta a criterio de quienes les cuidan.

Mucha violencia se ejerce en esos locales para suplir la ausencia del tratamiento médico, por lo que no es raro que sucedan accidentes, o incluso delitos, contra la integridad física de los pacientes.

Muchos testimonios describen la violencia y tratos inhumanos que se dan en estos lugares a partir de la falta de control y supervisión de las autoridades del Sector Salud.

Incluso el abandono de las autoridades vuelve vulnerables a los internos frente al acoso de la delincuencia organizada, como lo fue el ataque perpetrado el primero de octubre del 2024 a un anexo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, donde fallecieron cinco internos y quedaron malheridos otros cuatro y otro perpetrado en León, Guanajuato, el 26 de febrero del 2025, que dejó dos internos asesinados y dos heridos, por citar algunos ejemplos.

Es fundamental que por razones de salud pública y seguridad las autoridades competentes realicen un censo de “anexos” y con visión de apoyo supervisen su operación.

Violencia infantil
Diversos estudios nos alertan de un incremento de la violencia en contra de niños. Empiezan a circular datos que describen que diariamente son asesinados entre seis y siete niños. Esto sin tomar en cuenta otro fenómeno: niños acosados por el crimen organizado para enrolarlos y encomendarles tareas delincuenciales.

Impacto del gasto en pensiones
Ahora que se hicieron concesiones a la CNTE respecto a sus pensiones, es importante saber que las pensiones hoy, -con las cifras actuales-, representan el 24% del gasto público. ¿A cuánto se incrementará con lo otorgado a la CNTE?

Esperemos que otros sindicatos no exijan lo mismo.

Los chapulines y la reforma electoral
Los legisladores chapulines han sido el peor engaño a nuestra democracia, pues traicionan al electorado que les ha entregado el cargo.

Es evidente que el elector vota por el candidato en vinculación con el partido político que le postula y la ideología que ese partido representa. Cuando un legislador ya está en el cargo y cambia de partido, se está robando la curul.

La reforma electoral debe proteger los derechos del elector. Por ello debe prohibir que durante el periodo que abarca la elección que le dio el cargo, el legislador cambie de partido y sólo pueda hacerlo hasta que finalice su encomienda legislativa.

¿A usted qué le parece?

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