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Libertad condicional a exfuncionarios por Estafa Maestra

Estafa Maestra
Agencias
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Dos exservidores implicados en la Estafa Maestra obtuvieron libertad condicional tras ser condenados a pagar 62.8 millones de pesos como reparación del daño al Estado.

La FGR informó que Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán recibieron libertad condicional este diciembre en Ciudad de México, tras ser condenados por el desvío de 124 millones de pesos, derivado de un convenio irregular que afectó al Estado mexicano.

La Fiscalía General de la República confirmó que los exservidores Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, vinculados a la llamada Estafa Maestra, deberán pagar 62 millones 877 mil 192 pesos como reparación del daño, luego de que un juez les concediera la libertad condicional.

Acusados por desviar 124 millones de pesos

De acuerdo con la FGR, ambos exfuncionarios participaron en la firma de un convenio entre la entonces SEDESOL y la Universidad Intercultural del Estado de México, en el cual se detectaron irregularidades que impidieron garantizar condiciones adecuadas de precio, calidad y oportunidad. La institución educativa subcontrató la totalidad de los servicios pactados por un monto menor, lo que generó un perjuicio para la Hacienda Pública.

Proceso judicial iniciado en 2022

Mejía Zayas y Monroy Gaytán fueron vinculados a proceso en junio de 2022 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó prisión domiciliaria para Mejía Zayas y proceso en libertad para Monroy Gaytán.

Pago como condición para mantener la libertad

La resolución judicial determina que ambos podrán permanecer en libertad solo si garantizan el pago completo de la reparación del daño. La FGR señaló que aportó las pruebas necesarias para sustentar la decisión.

Contexto del caso

La Estafa Maestra implicó el uso irregular de convenios entre dependencias federales y universidades públicas para desviar recursos. En el caso particular, el daño acreditado supera los 62 millones de pesos, parte de un esquema que la FGR documentó en investigaciones previas.

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