Ley General de Aguas divide posturas y al final ya fue aprobada

A pesar de la postura priísta, la ley fue aprobada y continuará con la difusión de los contenidos de esta norma.

La propuesta de la Ley General de Aguas continúa generando posturas encontradas, aunque ya fue aprobada. Gabriel Riestra, director de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, aseguró que la nueva ley busca detectar el acaparamiento de títulos de concesión y garantizar el abastecimiento del recurso para toda la población. Calificó la propuesta como positiva al señalar que permitirá recuperar volúmenes y redirigirlos hacia acuíferos y corrientes, lo que abriría también la posibilidad de nuevas concesiones para sectores productivos como la agricultura y la ganadería.

Riestra confirmó que en la región Lagunera de Coahuila se han detectado al menos 250 pozos con algún tipo de irregularidad que serán notificados y que, si no se justifica su operación, podrían ser cancelados. Reconoció que la falta de información ha contribuido a la inconformidad y a las protestas del sector campesino en distintos estados.

El funcionario recordó que en diciembre pasado se entregó agua desde los distritos de riego con el propósito de recuperar fuentes y acuíferos, acciones que, afirmó, demuestran que la ley busca equilibrar la disponibilidad y otorgar derechos con mayor claridad. Sin embargo, la propuesta enfrenta la resistencia de la oposición en el Congreso. La diputada federal Verónica Martínez, integrante de la bancada del PRI, señaló que su fracción votó en contra al considerar que la iniciativa centraliza el control del recurso hidráulico. Aseguró que, de aprobarse, el abastecimiento quedaría sujeto al criterio político de la Conagua, lo que afectaría directamente a quienes dependen del agua para trabajar en el campo.

Vital. Martínez advirtió que la dependencia del "vital líquido" quedaría a voluntad administrativa y política, condicionando concesiones y resoluciones que hoy ya enfrentan largos procesos burocráticos. Expuso que asociaciones de productores, ganaderos y lecheros de La Laguna han manifestado preocupación, especialmente porque trámites que la ley plantea resolver en 20 días tardan actualmente entre cinco y diez años.

La legisladora sostuvo que su postura es firme porque, afirma, la ley no garantiza certeza ni equidad para los sectores productivos que dependen del agua para subsistir.A pesar de la postura priísta, la ley fue aprobada y la Conagua continuará con la difusión de sus contenidos, insistiendo en que su objetivo es eliminar el acaparamiento del recurso natural. La dependencia federal anunció que en las próximas semanas intensificará las reuniones informativas con productores, representantes de módulos de riego y autoridades locales, con el fin de aclarar dudas y desmentir versiones que, según la institución, han generado incertidumbre entre los usuarios del agua. También adelantó que se implementarán nuevos mecanismos de supervisión y monitoreo para garantizar un uso más transparente del recurso, así como esquemas de participación ciudadana.

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