Ley de extorsión: ¿censura y cárcel a los medios?

El enojo y descontento de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la crítica en los medios de comunicación podría pasar de los reproches discursivos de todos los días en las mañaneras, a escalar a un tema de delitos legales en contra de periodistas, conductores y medios que cuestionen o critiquen al gobierno y que podrían ser acusados de “extorsión”, de acuerdo con la redacción del artículo 17 fracción V de la Ley de Extorsión aprobada la semana pasada por el Senado de la República y que se debate mañana martes en la Cámara de Diputados.

Entre las conductas que sanciona como “extorsión” la minuta de dicha ley, propuesta por la presidenta, menciona el uso de “medios de comunicación” con fines extorsivos, pero no aclara si los contenidos informativos y periodísticos están incluidos en las causales para agravar y aumentar la pena por el delito de extorsión. Dice textual el párrafo V del artículo 17: “Se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se puedan realizar la emisión, recepción o transmisión de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, así como a través del empleo del espacio radioeléctrico”.

Con esa ambigüedad y laxitud en su redacción, que se presta para cualquier tipo de interpretación, la labor informativa y crítica hacia las acciones de gobierno, que es parte de la misión y naturaleza de los medios y de los periodistas, podría ser calificada, por cualquier autoridad, funcionario, gobernante o persona pública que le moleste la crítica, como delito de “extorsión” y acusar a los medios o a los periodistas de lo que a partir de que se apruebe esta ley será considerado un delito grave que amerita cárcel.

Pareciera que desde las inundaciones que devastaron varias partes del país, luego las marchas y bloqueos de agricultores y campesinos, el asesinato de varios lideres sociales hasta el homicidio -político- de Carlos Manzo- y las marchas en varias plazas del país convocadas por la “Generación Z”, el discurso oficial en contra de los medios de comunicación se ha venido endureciendo y los cuestionamientos desde las conferencias presidenciales en contra de la difusión de lo que pasa en el país han subido cada vez más de tono al grado de sonar como amenazas a la labor de los medios.

Y es que el gobierno lleva más de un mes tratando de hacer contención de daños, pero no logra salir del brete ante las manifestaciones cada vez más frecuentes y visibles por la situación del país. Al contrario, a diario les aparece una crisis nueva y ante sus malos reflejos y falta de oficio positivo y mediático de buena parte del gabinete, nomás no logran avanzar en la agenda de la Presidenta y ella se convierte en el pararrayos de todos los errores de su equipo y, como tiene que contestar a todos los escándalos, la doctora ha endurecido y radicalizado su discurso contra medios de comunicación y opositores a su gobierno.

En la lógica de la presidenta, los medios que ejercen la critica y publican los escándalos de personajes de su movimiento, son parte de un “complot de derecha”, y basta que ella mencione a algún medio o periodista para que se les golpee desde cuentas y círculos oficiales, lanzando la maquinaria de influencers y locutores pagados por la 4T contra varios medios y periodistas.

Sin mencionar el caso particular de TV Azteca, que tiene con el gobierno una disputa fiscal y de narrativas, sobre el resto de los medios se endurecen los ataques del gobierno tanto en público como en privado porque, fuentes directas del Congreso, nos aseguran que durante su reunión de la semana pasada con las bancadas oficialistas de Diputados y Senadores de Morena, PT y Verde, la presidenta hizo fuertes comentarios y críticas sobre varios medios de comunicación.

En medio de ese ambiente cada vez más hostil hacia la prensa crítica, el día de mañana martes, se podría cruzar una peligrosa línea cuando la Cámara de Diputados se apreste a aprobar, en fast track y exentando trámites parlamentarios, la Ley de Extorsión, con todo y el “dulce envenenado” del Artículo 17 fracción V

Porque una cosa es la desesperación y la exigencia de toda la población mexicana para que se frenen las extorsiones que están fuera de control y que dañan desde empresas grandes, negocios pequeños, hasta familias en toda la República, y otra cosa muy distinta que, a partir de la “brillante” idea de alguien, se quiera usar la Ley de Extorsión para meter a medios y comunicadores a la cárcel, sin juicio de por medio, incluso con prisión preventiva oficiosa.

En dicho artículo 17, fracción V, de “Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión” se establece que se aumentará la pena de cárcel cuando para extorsionar “se utilicen medios de comunicación” (escritos o electrónicos), lo que podría referirse desde periódicos, revistas, radio y televisión, hasta portales en línea, plataformas y redes sociales. El dictamen que ya aprobó de prisa el Senado y mañana quieren aprobar los diputados, NO explica en ninguna parte cómo un medio de comunicación masivo puede extorsionar, a la luz de su labor pública y abierta.

Si a esto se agrega que el tipo penal en la ley de extorsión es muy ambiguo, pues sólo establece que es extorsión el “obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo” pero jamás menciona que para ello se requieran amenazas, violencia o intimidación, algo que sí aparece establecido en leyes similares de otros países como España, Canadá o Estados Unidos, la amenaza de acusar y encarcelar a periodistas y directivos de medios está más que latente cuando sus contenidos y reportajes no le gusten al poder.

De ese grave peligro ya alertó en un memorandum la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) que circuló entre sus afiliados un escrito que también envió al Congreso de la Unión, señalando los riegos para el periodismo en México con la actual redacción ambigua y peligrosa de la ley.

Porque al mencionar expresamente a los “medios de comunicación” como un canal para cometer extorsión y con una definición penal tan laxa, los ministerios públicos, incluidos los de los estados, podrán con toda facilidad acusar a “medios de comunicación” que sus coberturas críticas a políticos o candidatos son “extorsiones” y los meterán, en automático, a la cárcel. Así de fácil y de peligroso porque ya hemos visto los abusos y censura contra periodistas que con leyes y jueces a modo están cometiendo algunos gobernadores morenistas como los de Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

La alerta no sólo se dio en la CIRT, también el pasado miércoles, en la votación en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, alertó en tribuna de los errores y excesos de la ley de extorsión y propuso una reserva para acotar el citado articulo 17. Corral propuso que este artículo solo hiciera referencia a “plataformas o servicios de telecomunicaciones”, no medios de comunicación.

Pero, nos dicen, en la Presidencia de la República hubo resistencias al ajuste que pidió Javier Corral, por parte de un funcionario a quien en el Senado identifican como Carlos Frausto de la Consejería Jurídica por lo que el articulado prácticamente parece intocado y el dictamen aprobado no está en la página del Senado. Se maneja con mucha secrecía a pesar de lo relevante del tema, pero hoy lunes se espera que sea recibido por los diputados, para su votación mañana martes.

Por cierto, que fue también el senador Corral quien alertó de los abusos que, desde Presidencia, se hicieron en la Ley de Amparo y que se tuvieron que corregir. Pero lo ahora señalado por Javier Corral es gravísimo y no queda claro si los responsables de este articulado represor lo hicieron meramente por ignorancia o con la intención de sancionar a medios de comunicación y comunicadores que no les son afines.

En todo caso, la intención es lo de menos, porque si el articulado se aprueba tal cual lo avaló el senado, sin duda que podrá ser usado para acallar a medios de comunicación al acusarlos de realizar extorsiones, con un lenguaje ambiguo y tramposo y redactado en secrecía.

Ojalá la Presidenta Sheinbaum, que tanto repite –aunque sea de dientes para afuera— que en su gobierno “no hay censura, ni represión y se respeta la libre expresión”, demuestre que su discurso es real y le pida a la Cámara de Diputados que corrija este articulado censor, pues de lo contrario México quedará como una dictadura ante los ojos del mundo.

Sin duda en la 4T y en el gobierno hay sectores duros y radicales que quieren seguir usando el aparato del Estado contra los que no son afines ni piensan como ellos, pero utilizar un grave problema nacional que sangra a los mexicanos, como la extorsión, para esconder un articulado diseñado para encarcelar a periodistas críticos es algo inédito en México y confirma que detrás del discurso del “Bienestar” se esconde la construcción de un gobierno autoritario y dictatorial para el país.

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