Las 50 barreras comerciales que EU le reclama a México

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que Estados Unidos presentó una lista de 50 barreras comerciales en revisión por parte de Estados Unidos. Y aunque dijo que no necesariamente se trata de violaciones al T-MEC, sino de obstáculos que el gobierno de Donald Trump clasifica como tales, la asignatura pendiente es grande y significa la antesala de la renegociación del TMEC.

Para atenderlos, la mandataria instruyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a coordinar una mesa alterna de negociación. En Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que se están revisando “punto por punto”. Hay algunas medidas que México no acepta como barreras y otras que podrían ajustarse.

El problema es que el reconocimiento llegó en un mal momento. En marzo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó el Informe Nacional de Estimaciones sobre Barreras al Comercio Exterior 2025. El documento identifica los principales obstáculos que afectan las exportaciones e inversiones estadounidenses y será la carta de cabecera de Trump para exigir concesiones, bajo la amenaza de una nueva ola de aranceles globales… y la renovación del TMEC.

Las 14 barreras tocan nervios sensibles de la política económica de Morena. Estados Unidos acusa interpretaciones diferenciadas de las regulaciones, límites arbitrarios al número de puertos donde pueden operar agentes aduanales, retrasos de 18 a 24 meses en registros sanitarios para medicamentos y la negativa a otorgar permisos de importación para productos con glifosato, prohibido por López Obrador. En el sector agrícola señala la tardanza en registros de pesticidas y químicos, así como la aplicación de criterios “no científicos” a productos de biotecnología alimentaria.

En telecomunicaciones, la USTR señala que el debilitado IFT impone barreras a la venta de tecnología avanzada. En propiedad intelectual, advierte que los niveles de piratería siguen siendo de los más altos de la región. Y en servicios financieros, critica la decisión del SAT de exigir a aseguradoras el pago retroactivo de IVA, una medida que genera incertidumbre y desincentiva inversiones.

El informe también apunta contra pilares de la llamada “soberanía económica”, es decir la eliminación de órganos autónomos y los cambios constitucionales para blindar a Pemex y a la CFE frente a la competencia privada, además de la reforma minera que devuelve mayor control al Estado y los sectores de infraestructura cerrados a la inversión extranjera.

En paralelo a las críticas, el canciller Juan Ramón de la Fuente ha intentado matizar el discurso ante Estados Unidos. En cada encuentro insiste en que México coopera bajo principios de soberanía, reciprocidad y responsabilidad compartida, recordando que no todas las medidas de la 4T son obstáculos, sino decisiones legítimas de política pública. Marcelo Ebrard, por su parte, encabeza la mesa técnica que revisa una a una las 50 barreras reclamadas. El excanciller sabe que de esos ajustes depende el clima de inversión y la continuidad del T-MEC, pero también su propio capital político dentro del gabinete de Sheinbaum.

El telón de fondo no es menor. México cerró 2024 con un déficit comercial de 172 mil millones de dólares frente a Estados Unidos, el más alto en la historia bilateral, para el cual Ebrard ya puso una serie de medidas sobre la mesa. Un desequilibrio que Trump ha usado para reforzar su narrativa de que México se beneficia desproporcionadamente del TMEC. A eso se suman presiones en migración y seguridad. El gobierno de Trump decidió unir todos estos frentes en un solo paquete: comercio, drogas y frontera como parte de la misma ecuación.

Por eso la visita de Marco Rubio a la Ciudad de México no puede considerarse una cortesía diplomática, sino una especie de ultimátum. Rubio transmitió la exigencia directa de Trump: frenar los aranceles a cambio de resultados inmediatos en el combate al fentanilo y la seguridad. Y pese a que elogió a Sheinbaum con la frase de que “no hay ningún gobierno que coopere más con nosotros”, el mensaje real fue que las próximas semanas o meses se medirán en cifras: extradiciones, decomisos y avances verificables.

La Casa Blanca fijó un plazo de 90 días para que México muestre avances concretos antes de que entren en vigor los aranceles. Pero la presión externa se empata con la agenda interna. En el Congreso mexicano se avecinan debates sobre la reforma judicial, la reforma aduanera y posibles ajustes fiscales. La llave la tienen Trump, Rubio y su gabinete económico y de seguridad. La pregunta es si Sheinbaum buscará un acuerdo pragmático con la ayuda de Ebrard, De la Fuente y Omar García Harfuch, o si defenderá a contracorriente a la 4T y a su fundador López Obrador.

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