La salida de Movistar, mala señal para México

La decisión de Telefónica-Movistar de abandonar el mercado mexicano es una mala señal para México por donde se le vea: competencia, confianza y seguridad jurídica.

De entrada, su retirada abre una nueva brecha para que América Móvil-Telcel aumente todavía más su dominio en el mercado de servicios móviles. Detrás del anuncio formal del presidente global de Telefónica, Marc Murtra, se anticipa un reordenamiento profundo de la telefonía móvil en México, con implicaciones directas para usuarios, competencia y para el país en su conjunto.

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), correspondiente al primer trimestre de 2025, México cuenta con 142.3 millones de líneas activas. De ellas, Telcel concentra 83.25 millones, AT&T 23.01 millones y Movistar 21.11 millones. En términos de participación de mercado, eso representa alrededor de 58% para Telcel, 16% para AT&T y 15% para Movistar, con el resto en manos de los operadores móviles virtuales (OMV), que crecen en número pero dependen de la infraestructura de los grandes.

El IFT aclara que, desde 2025, cambió la metodología para contabilizar “líneas activas”. Ahora sólo se cuentan las que registraron tráfico en los últimos 90 días, lo que hace que no sean directamente comparables con los de años anteriores. Aun así, la tendencia es evidente. En 2013, antes de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, Telcel tenía 69 % del mercado móvil; a lo largo de la década redujo su peso hasta el 56%, pero en los últimos años ha vuelto a ganar terreno. Con la salida de Movistar, el operador del magnate Carlos Slim podría regresar a niveles de participación similares a los de hace una década, consolidando una preponderancia o dominancia.

En el sector, la salida de Movistar tiene grandes implicaciones. Primero, reduce la competencia a dos los grandes operadores con red propia. Segundo, el costo anual del espectro, uno de los más altos de América Latina, seguirá inhibiendo la expansión de competidores. En los últimos años, Telefónica y AT&T devolvieron bandas por su inviabilidad económica, al ser el costo del espectro uno de los más caros de los países de la OCDE. Y tercero: la falta de un regulador autónomo con poder real para imponer condiciones asimétricas, lo que mantiene al líder sin verdaderos contrapesos.

Telcel ya domina el mercado móvil, los servicios empresariales y el tráfico de datos, con la red 4G más extendida y el despliegue 5G más rápido del país. Ningún otro operador tiene hoy el músculo financiero para rivalizar en cobertura o inversión. Y con la salida de un jugador histórico como Movistar, el camino se despeja aún más.El contexto político también juega a favor de Slim. La llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), creada este año por el gobierno de Claudia Sheinbaum, asumió varias de las funciones del IFT bajo un modelo centralizado. En la práctica, el país transita hacia un nuevo esquema regulatorio en el que la autonomía técnica cede espacio al control presupuestal y político del Ejecutivo. Dentro de esta nueva estructura se contempla la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, adscrita a la ATDT, con atribuciones técnicas, pero bajo coordinación directa del Ejecutivo federal, lo que en la práctica reduce la autonomía que antes tenía el IFT.

Durante los primeros meses de Sheinbaum, Slim ha mantenido contacto constante con el gabinete económico y con la propia Presidenta, quien lo ha reconocido públicamente como un “aliado estratégico para el desarrollo digital”. América Móvil participa en proyectos de infraestructura de conectividad y ha evitado confrontaciones públicas como las que mantuvo con el IFT en sexenios pasados. La interlocución directa entre el magnate y la 4T facilita un entorno regulatorio más cómodo para el grupo y más incierto para sus competidores.

En contraste, AT&T —que llegó en 2015 con la promesa de dinamizar la competencia— ha optado por una postura defensiva. Su prioridad actual es la rentabilidad, no la expansión. Fuentes de la empresa admiten que el operador no planea participar en nuevas subastas de espectro por los altos costos de derechos, lo que la deja estancada en cuota y con una cobertura que se rezaga frente a Telcel.

El resultado de todo esto es un mercado que vuelve a concentrarse. Los OMV, como Bait de Walmart o Virgin Mobile, crecen rápidamente, pero no tienen red propia ni márgenes amplios. Compiten en precio, no en infraestructura. Y con la desaparición de Movistar, la competencia en red se limita a un duopolio desigual: Telcel, con casi 60% del mercado, frente a un AT&T que ronda el 15%.

Para los usuarios, habrá menos opciones, por menores presiones en precios y poca innovación comercial. La promesa de tarifas cada vez más bajas y servicios más eficientes podría revertirse. Si el nuevo regulador no impone límites claros a la concentración ni revisa la política fiscal del espectro, México podría volver a un escenario similar al previo a la reforma, con Telcel como el árbitro y jugador dominante del sector.

La salida de Movistar, entonces, no sólo es una señal del desgaste de la competencia, sino el síntoma de la dominancia de un preponderante y la falta de regulaciones eficientes para mejorar los equilibrios en un sector más que relevante para el crecimiento y desarrollo de México.

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